El Gobierno central presentó ayer en Teruel el Plan Nacional de Despliegue de Banda Ancha para municipios de menos de 5.000 habitantes y las actuaciones previstas para alcanzar en 2025 el 100% de cobertura en todo el territorio e impulsar la tecnología 5G. Este plan prevé ser acelerado por las iniciativas del Gobierno de Aragón, que quiere que toda la población tenga acceso a internet de calidad en 2023. Para eso DGA destinará este año 9 millones de euros a seguir mejorando la conectividad. La inversión forma parte del paquete de proyectos React EU que acaba de impulsar el ejecutivo aragonés para hacer frente a las secuelas de la pandemia y fomentar la transformación digital de Aragón.

El covid-19 ha motivado el traslado al medio rural de muchos habitantes que ya se sentían asfixiados en las ciudades. Las medidas impuestas por la pandemia, el parón del confinamiento domiciliario y el shock social han generado que los pueblos sean vistos de nuevo como espacios seguros, con calidad de vida y tiempo en el que conciliar. El teletrabajo, cuya regulación es clave en este contexto, ha supuesto el detonante para que muchos nuevos pobladores hayan tomado la decisión de mudarse. No ha sido un aluvión de personas, pero si un goteo relevante que va a permitir mantener abiertos servicios como escuelas, pequeñas tiendas y revitalizar municipios que hacía años no veían a tantos niños correr por las calles. Esa tendencia positiva debe afianzarse y crecer. Ya afecta a el 40% de los pueblos del Bajo Aragón histórico. La calidad de internet es básica para permitir que cualquier tipo de profesional teletrabaje desde su domicilio, así como para impulsar proyectos de emprendimiento cuya base sean las transacciones digitales. Por eso es fundamental el compromiso anunciado ayer, en el que las operadoras de servicios de internet no pueden tener la decisión en sus manos sobre un servicio que es tan esencial para cualquier familia o empresa. De ahí que se haya pensado en la figura de un «consorcio» de telecomunicaciones rurales al estilo de los que ya prestan otros servicios en zonas donde la densidad de población es tan baja que la competencia es imposible al no existir mercado real, y contempla actuaciones por valor de entre 80 y 100 millones de euros. Este nuevo ente de coordinación lo integrarían el Gobierno central, el autonómico, las diputaciones provinciales y comarcas y cuantas entidades locales quisieran sumarse, que aportarían tanto fondos como infraestructuras. Se aseguraría así el cumplimiento de los objetivos de plena conectividad en 2023. La música suena bien, pero solo quedan dos años. De las administraciones más cercanas depende velar por el cumplimiento de estos compromisos, claves para la supervivencia de sus propios pueblos. 

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