Hay acciones que dicen más de lo que pretenden. El cerramiento perimetral que el Arzobispado de Zaragoza ha ejecutado en la ermita de Santa Bárbara de Monroyo es, formalmente, una medida de seguridad. En términos patrimoniales, es la certificación de que un edificio con 700 años de historia ha llegado al punto en que solo queda vallarlo para que nadie resulte herido entre sus escombros. Hemos pasado de la devoción a la responsabilidad civil, ahora solo queda proteger al visitante del desastre que no supimos evitar.

Por supuesto conviene detenerse en los datos. Aunque el aspecto actual de la ermita responde a una reconstrucción barroca de 1803, las primeras alusiones escritas se remontan a 1324. Son siete siglos de presencia en la vida de Monroyo que hoy se asoman al abismo. El complejo, que incluye la antigua casa del ermitaño (habitada por el santero hasta la última guerra carlista), fue durante generaciones un nudo de la vida comunitaria. No era un objeto de museo, sino un escenario vivo donde se repartía el pan bendecido y se hacía misa cada 4 de diciembre. La ausencia de aquel último santero marcó el inicio de un vacío humano que la piedra, por sí sola, no ha podido llenar.

Su destrucción, sin embargo, tiene una raíz de pragmatismo cruel. Tras la Guerra Civil, sus techos se desmontaron para cubrir los lavaderos de la Font del Domenge. Esa rapiña de materiales condenó al templo a una agonía de casi 90 años que ni la posguerra ni la democracia han querido remediar. Es la paradoja de la piedra, lo que sirvió para lavar la ropa de un pueblo terminó ensuciando su memoria histórica. Aquel despojo inicial fue solo el prólogo de una desidia institucional que ha dejado que el cielo se desplomara sobre el altar.

El informe de Hispania Nostra, que incluyó a la ermita en su Lista Roja el año pasado, es una autopsia en vida. El alcalde de Monroyo, Miguel Gascón, ha actuado con la transparencia necesaria al reclamar seguridad ante el riesgo de derrumbe en una zona de paso frecuentada por visitantes atraídos por las vistas al Mezquín y la cercanía de la N-232. El Ayuntamiento ha hecho lo que estaba en su mano, que era exactamente pedir una valla. El problema es que las administraciones con verdadera capacidad de intervención y recursos (autonómica, provincial y eclesiástica) llevan décadas contemplando el deterioro con la distancia cómoda de quien ignora deliberadamente que la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón les otorga no solo la potestad, sino la obligación ineludible de actuar para evitar la pérdida de un bien común. Se han amparado en un laberinto de competencias difusas para eludir un deber legal que debería ser prioritario.

Aragón cuenta con un patrimonio rural de extraordinaria densidad que se concentra, precisamente, donde menos recursos hay para conservarlo. Donde más historia existe, menos capacidad económica hay para mantenerla. El resultado es esta sangría silenciosa de edificios que desaparecen uno a uno, cada uno con su precinto y su comunicado preventivo, sin que exista una política pública de envergadura capaz de frenar la tendencia. No estamos ante una gestión del patrimonio, sino ante una gestión del riesgo. Son cosas distintas, aunque en los despachos institucionales suelan presentarse como equivalentes bajo una burocracia del lamento que nunca llega a la partida presupuestaria.

Cabe preguntarse qué habría costado intervenir en la cubierta hace 30 años, cuando el colapso no era irreversible. Seguramente mucho menos que intentar salvar hoy lo que queda, e infinitamente menos que reconstruir el vínculo de un pueblo con su pasado cuando este se ha convertido en polvo. El patrimonio no se defiende con las declaraciones de siempre sobre la España vaciada, se defiende con ladrillo, cemento y planificación real. Mientras sigamos confundiendo la valla con la solución, nuestra historia seguirá teniendo una fecha de caducidad escrita con pintura roja de prohibido el paso.

Jorge Herrero. Papel y pixel