Desde marzo los ayuntamientos vienen reclamando de forma justa que se libere su autonomía para ejercer el derecho a dedicar su superávit en inversiones financieramente sostenibles, flexibilizar la regla de gasto y poder decidir sobre sus remanentes. La pandemia ha puesto sobre la mesa importantes necesidades de apoyo al tejido social y económico que urgen esta medida, que se resolverían simplemente aprobando un decreto ley por parte del Gobierno central. El temor por que el ejecutivo nacional quiera ejercer la tutela sobre estos fondos es importante, suponiendo una amenaza a la autonomía municipal así como una intromisión injustificable. Si bien ha habido compromisos para desbloquear estos fondos, ninguno se ha cumplido. Han sido numerosas las declaraciones institucionales y mociones aprobadas en este sentido en varias instituciones de todo el país, también en Aragón. Las últimas reivindicaciones vinieron ayer por parte de la propia DPT, con una carta del presidente Manuel Rando a la ministra de Hacienda, y una moción que el PAR llevará al próximo pleno.
El superavit es fruto de la buena gestión, contención y ahorro ejercido por nuestras administraciones locales desde hace años. A nivel nacional, estamos hablando de casi 28.000 millones de euros; una cifra muy elevada que se podría antojar como solución también a muchos problemas económicos para el Gobierno central. Sin embargo, una intromisión en estos términos sería absolutamente inadmisible. Las instituciones que mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos, las más cercanas y capaces de gestionar el día a día frente al covid-19, son los ayuntamientos. Así se está demostrando con numerosas iniciativas puestas en marcha estos meses. Bloquearlos supone un enorme lastre, y huelga decir que la administración central es incapaz de realizar una gestión de progreso social de cercanía de estas características. Convendría que todas las entidades ligadas a la defensa de lo local, desde los propios ayuntamientos, hasta las comarcas, diputaciones y la propia FEMP se uniesen en esta justa reivindicación, cuya resolución ha de ser inmediata para poder llegar a septiembre en unas condiciones que permitan a los municipios trabajar mejor en general, y específicamente frente al covid-19.
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