Cuando hablamos de las necesidades que tiene esta provincia solemos mirar con lupa los presupuestos de las administraciones más grandes para saber si las partidas contemplan el dinero necesario para cubrirlas. Siempre hay más demanda que dinero público, pero se olvida que 137.400.732 millones de euros de los ayuntamientos, comarcas y la Diputación de Teruel están en los bancos.

Estamos hablando de 1.026,57 euros por habitante de la provincia de Teruel, datos del 2018 y cuando se tenga la liquidación del 2019 aún serán más. Un dinero que no podemos gastar desde la implantación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública. El objetivo era que las administraciones públicas fueran limitando el gasto y reduciendo la deuda pública hacia el equilibrio presupuestario pero transcurridos ya más de siete años, hay que revisar esta normativa, premiando a los que han cumplido y evitando ahogar todavía más a los pequeños municipios.

Creemos que los ayuntamientos que disponen de superávit al cierre de sus cuentas no deberían esperar a que el Estado disponga de unos Presupuestos Generales aprobados, o a que el Ejecutivo del momento tenga a bien aprobar la norma que habilite a las Entidades Locales a utilizar, en beneficio de sus propios vecinos, unos recursos económicos que han sido generados por la buena gestión realizada por esas propias entidades.

No se trata de que se destine más dinero a ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel sino de poder gastar el que tienen. Una lluvia de millones que podrían reinvertirse sin pedir dinero a ninguna administración, y dedicarse a dar servicios en los pueblos, ahora que tanto se habla de luchar contra la despoblación.

Eso es lo que ha pedido el Partido Aragonés, en la Diputación de Teruel, en las comarcas y ayuntamientos de la provincia, con mociones en las que ha encontrado el apoyo de todos los grupos para convertirlas en una reclamación de todas las entidades locales: que el Gobierno de España apruebe decretos y modificaciones legislativas para que el superávit presupuestario se pueda dedicar a inversiones financieramente sostenibles, y que tenga en cuenta la despoblación para flexibilizar la regla de techo de gasto.

Aunque está habilitada la posibilidad mediante decreto ley de las inversiones financieramente sostenibles, no es suficiente porque sigue limitando mucho el gasto, ya que se toma como referencia el gasto presupuestado y no el gasto real. Tampoco tiene sentido que permitan con estas inversiones para por ejemplo, llegado el caso, construir un pabellón polideportivo y luego no dejen gastar dinero para poder dotarlo de personal ya que el empleo no entra en estas inversiones financieramente sostenibles.

A esto se suma que a partir de 2020 las entidades bancarias ya han avisado que comenzarán a cobrar un 0.4% del total de los depósitos que tienen las administraciones públicas. En la provincia de Teruel eso supondrá algo más de 693.602 euros que perderemos de poder invertir.

Hacer frente y llevar adelante un ayuntamiento, sabiendo que tienes mucho dinero en el banco, que a tus vecinos les faltan servicios y que no puedes dárselos porque una ley en Madrid lo prohíbe acaba desesperando. Tenemos Ayuntamientos saneados pero con muchos servicios por cubrir.

Las leyes se suelen hacer pensando en el ámbito urbano y las dificultades del medio rural no son vistas ni tenidas en cuenta desde el ámbito urbano. Desde el Partido Aragonés siempre hemos estado pegados al territorio y de hecho, no es la primera vez que planteamos esta posibilidad de ayudar de verdad a los ayuntamientos. Porque en la provincia de Teruel, todos y cada uno de los municipios han cumplido, están saneados, y eso la administración tiene que reconocérselo y premiarlo.

Berta zapater – Concejal del PAR en el Ayuntamiento de Alcañiz y diputada provincial