Me preocupa que la despoblación se convierta en un asunto recurrente sobre el que hacer política de «salón» porque «está de moda» o porque es políticamente correcto y puede dar votos a los partidos que lo usan a costa de las esperanzas de los turolenses.

En este asunto, cualquier ciudadano, institución, organismo o gobierno que trabaje por frenar el declive demográfico de la provincia tendrá mi apoyo incondicional como persona y como presidente de la Diputación de Teruel. Sin embargo, creo que ya se ha perdido demasiado tiempo en estudios, informes, anuncios, fotos, conferencias, recorridos y caravanas informativas.

Necesitamos acciones. Y no veo que se estén aplicando algunas de las soluciones que entiendo (y así me lo comunican los alcaldes en mis viajes) podrían ser más eficaces.

Me refiero a los beneficios fiscales que debería aplicar el Gobierno central a los autónomos, empresarios, agricultores y ganaderos y emprendedores en general que trabajan en municipios despoblados. No es posible que la carga impositiva sea la misma en Zaragoza que en La Codoñera, Aguatón o La Fresneda (por poner ejemplos). Como tampoco veo que el Gobierno de Aragón tenga decidido ir mermando hasta su casi extinción, como sucede en otras Comunidades autónomas, el impuesto de Sucesiones y Donaciones que grava a nuestros vecinos por «heredar» un pequeño local para vender pan o una tierra con la que sustenta a su familia. El asunto no es baladí. Pero su solución escapa a las competencias de esta Diputación Provincial.

Tampoco he visto ningún avance en la mejora del reparto de la PAC que incide en la decisión de un turolense de quedarse o no a vivir en su pueblo porque tiene futuro.

Los anuncios para utilizar el Fondo de Inversiones de Teruel como una herramienta contra la despoblación me parecen preocupantes. Quiero recordar que el FITE es un fondo que por su propia naturaleza no debe ser utilizado para inversiones ordinarias, mucho menos por lo tanto para frenar la despoblación aunque de forma indirecta lo logre (generando actividad económica o inversiones e infraestructuras….). Para ello, existen otras herramientas que llevan 2 años esperando a ser ejecutadas. Me refiero a la Inversión Territorial Integrada (ITI) cuya única razón de ser es la lucha contra la despoblación dotada con «otros 60 millones de euros» financiados al 50% entre Europa y la DGA.

De igual modo, entiendo que deben articularse exenciones en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las zonas despobladas. Un impuesto que se obligó a los ayuntamientos a ir incrementado para recaudar el dinero que desde hace 8 años no llega a los pueblos porque se han suprimido los Planes de Obras y Servicios (POS) que antes llegaban desde el Estado. Ese IBI es prácticamente el único ingreso que tienen los ayuntamientos para mantener y pagar los servicios básicos del municipio y se está haciendo a costa del bolsillo de los ciudadanos sumándose a la ordinaria presión fiscal que soportan como el resto de españoles.

De nuevo, se trata de soluciones que escapan a las competencias de la Diputación Provincial.

Recientemente el PAR llevó a las Cortes una iniciativa para que se habilite en la declaración de la renta una casilla para que se destine el 10% de la recaudación a la lucha contra la despoblación. ¡Señores! Todo fueron enmiendas, modificaciones, abstenciones… ¿De qué estamos hablando?

Lo único que sí puedo asegurar, es que los programas que aprobamos desde la Diputación Provincial siguen en marcha. Me refiero a programas que ayudan a trabajar en esta línea: el Plan de Empleo que este año será de 3 millones de euros y que generará contrataciones en el medio rural muy importantes; o el Plan de Carreteras de 10 millones de euros con los que se mejoran las comunicaciones; o la extensión de la banda ancha que van financiar la DPT y Europa.

Espero que el resto de las administraciones hagan sus deberes como los está haciendo la Diputación de Teruel.