Los Ayuntamientos somos la institución más cercana al ciudadano y en esta crisis hemos estado al pie del cañón con nuestros vecinos. Hemos tomado decisiones con la escasa información facilitada,hemos asumido las competencias propias e impropias que fueron necesarias y hemos ofrecido servicios, garantizando la seguridad de los usuarios. Desde el comienzo de la pandemiahemos alzado la voz realizando una serie de demandas:directrices claras, información de afección del COVID por municipios, apoyo financiero para los ayuntamientos y permiso para poder gastar parte de nuestros propios ahorros.

Pero los datos siguen ofreciéndolos por áreas de salud que aglutinan a numerosos municipios, la claridad y concisión en las directrices brilla por su ausencia y en cuanto al apoyo financiero, el Gobierno de España anunció la pasada semana que repartirá 5.000 millones de euros conseguidos en Europa entre las administraciones locales y permitirá usar los remanentes acumulados, pero de una manera muy diferente a la que los ayuntamientos demandábamos.

El miércoles fue publicado el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. En él se nos anunció que la condición para recibir la parte que nos corresponda de ese fondo es tener remanentes y cedérselos al Estado. De este modo se quedan fuera del reparto tanto los que no tienen remanentes como los que no quieran cederlos. Ya lo decían los ideólogos del marxismo, antes de llegar al «cada quien según su necesidad» hay que pasar por el «cada cual según su aporte» como antesala a la creación de un Estado social comunista.

El Gobierno de España impone unos criterios de reparto del fondo europeo que vulneran la equidad, el principio de autonomía local recogido por la Constitución y rayan en el chantaje. Permiten movilizar los 14 mil millones de nuestros remanentes, sí, pero no nos lo dejan gastar a sus legítimos gestores en beneficio de los vecinos que lo han ahorrado, sino que nos los confisca el propio Estado y las migajas que nos dan, (nos dan 5 y nos quitan 14) nos dicen dónde tenemos que gastarlas, aunque sean partidas que poco tienen que ver con el medio rural como es la movilidad urbana o la transición ecológica.

Ayuntamientos de toda España han hecho un ingente esfuerzo durante 10 años que ahora nos permite tener la liquidez que garantice el pago a proveedores y trabajadores en tiempo y forma. ¿Qué pasará si no nos acogemos a este plan?, ¿y si lo hacemos?, ¿cómo se articulará si no hay presupuestos?, ¿cómo se remunerarán nuestros remanentes prestados?,¿qué pasará si entregamos nuestros ahorros antes del 15 de septiembre como nos piden y luego el criterio que se elige para repartir ese fondo es un criterio poblacional? o ¿si son las Comunidades de siempre las que se queden con la parte más jugosa?,¿qué pasará en 2022 cuando se hayan acabado los 5.000 millones y estemos todos los ayuntamientos con los bolsillos pelados?

Pasará lo que pasa en una familia que no tiene ahorros. Para poder hacer frente a los pagos, necesita cobrar puntualmente. Si se retrasan los cobros, se retrasan también los pagos y si surge un imprevisto cuando no hay ahorros, la única salida es endeudarse de nuevo. No quiero ese futuro empobrecido para los Ayuntamientos.

Nadie duda de que esta propuesta del Gobierno de España está motivada por la necesidad imperiosa de liquidez que tiene el Estado para poder hacer frente a los ERTE, prestaciones por desempleo o renta mínima vital pero no es más cierto que la ideología cobra su importancia en esta treta que pretende convertir a España en un país comunista. El primer paso para conseguirlo ya está en marcha, pero los ayuntamientos no se lo vamos a poner fácil. Pelearemos con toda nuestra determinación cada céntimo ahorrado por nuestros vecinos.

Isabel Arnas – Alcaldesa de Albalate del Arzobispo (PP)