El inicio del curso escolar va a plantear serios problemas debido a la heterogeneidad y diversidad de cada zona de población. No se puede pedir un protocolo único a nivel nacional, si bien unas directrices educativas son necesarias las autonomías son las competentes para conocer y definir las características de sus territorios. En Aragón no es lo mismo la situación de Zaragoza, donde se concentra casi toda la población regional además de los casos de covid, que las zonas rurales de Huesca o Teruel. No se puede pretender establecer los mismos protocolos en un pueblo de 100 habitantes con un aula de un Centro Rural Agrupado en la que media docena de alumnos comparten un solo aula con la situación de las escuelas infantiles o los institutos de educación secundaria. Resulta preocupante por ejemplo que en el caso de Alcañiz, con el IES más grande de todo Aragón (1.100 alumnos) y desde hace años masificado, no se hayan tomado ya medidas que permitan más espacio. Se trata de una reivindicación histórica con soluciones ya propuestas, como por ejemplo crear un nuevo IES para el primer ciclo de ESO. Un brote de covid en un centro como este podría ser letal para el Bajo Aragón histórico. Plantear escenarios de presencialidad como si todo fuese a salir bien no es complejo, lo necesario es ponerse en la peor situación para tener planes de contingencia serios. Se requieren protocolos no solo dentro del cetro, sino fuera. Los estudiantes se trasladan en autobuses llenos desde los pueblos, por ejemplo, ¿qué sucederá con eso? Desde marzo la pandemia ha estado tomando la delantera a las instituciones creando situaciones mucho más graves de las previstas de manera constante. La cifra de contagios en niños es preocupante en Aragón, con 450 casos en menores de 14 años notificados solo en la última semana (22 bebés).

Tampoco en zonas como el Bajo Aragón Caspe, en fase 2 desde hace ya dos meses, saben qué sucederá en sus centros. Por contra, otros institutos, colegios y escuelas infantiles tienen plazas libres en zonas menos pobladas. Piden que no se generalicen protocolos que para ellos no son necesarios, como ya sucedió durante el estado de alarma. Resulta verdaderamente preocupante que no se haya creado una plataforma de trabajo constante de coordinación territorial que analice cada caso y, sobre todo, mantenga a las familias informadas sobre qué sucederá con la educación y la salud de sus hijos. Este mes de agosto no era para tomárselo de vacaciones en estas circunstancias. Han sido varios los casos de centros educativos públicos y privados que han establecido sus propias medidas para adelantarse a los acontecimientos, pero son los menos. No podemos permitirnos llegar a octubre con la misma situación de cuarentena en la que estábamos en marzo, ni por los niños, ni por las familias, ni por la economía, la conciliación o la salud de nuestra sociedad. La cascada exigir responsabilidades hacia arriba, desde los centros, hacia la DGA y de ésta al Ministerio de Educación es justa pero no conduce a nada. Durante estos meses hemos comprobado que las soluciones de abajo hacia arriba, las más originales desde lo local, son las que más nos protegen.

Editorial