El sector de la hostelería se ha movilizado para denunciar ante todo la falta de empatía hacia un gremio cuyos esfuerzos desde marzo han sido ejemplares y que hasta ahora no ha recibido más que restricciones. Exigen con razón ser escuchados y que se les ofrezcan argumentos sanitarios que demuestren que las medidas que se están tomando están basadas en criterios científicos. ¿Porqué se puede servir solo comida para llevar hasta las 22.00 en domicilios cuando en primavera se permitía hasta las 01.00? ¿Y las terrazas por qué han de cerrar a las 20.00 sin poder dar cenas cuando el toque de queda es hasta las 23.00? ¿Cuál es el horizonte temporal de estas restricciones? ¿Qué dato sanitario marcará el límite? ¿Se puede valorar de la misma manera la movilidad de una terraza en el paseo Independencia de Zaragoza que en la plaza de España de Alcañiz? Y, sobre todo, ¿porqué no se ha creado todavía una mesa de trabajo en la que plantear alternativas que vayan más allá de las subvenciones? La mayoría de los empresarios no piden ayudas, sino poder trabajar en unas condiciones que garanticen, al menos, su subsistencia. Se está demandando una solución a los pagos de los alquileres de locales, legislar posibles demoras o aplazamientos, limitar los servicios a convivientes o personas del mismo municipio… Las posibilidades son infinitas y los planes de rescate se están quedando muy cortos, sobre todo cuando se miran en el espejo de lo que otros países europeos están aplicando en el mismo rango de afección. El caso de los bares de los pueblos pone en evidencia de forma clara unas medidas que no se ajustan a la realidad rural. Lo cuentan bien hoy en las páginas de La COMARCA propietarios de establecimientos de municipios muy pequeños, como Seno, con 20 habitantes. Aragón tiene 187 municipios de menos de 100 habitantes, en muchos de ellos los bares-multiservicio son esenciales para la subsistencia de la localidad. En varias instituciones se han aprobado mociones en este sentido. Especialmente destacable es la presentada por el PAR en la DPT para pedir que se revisen las limitaciones de los bares rurales en función de la situación sanitaria de cada zona y se insta a trabajar con los ayuntamientos para flexibilizar las restricciones con aforos de al menos el 25% en interior.

Editorial