La política de lucha contra la despoblación es fuego de artificio con mucho ruido y pocas nueces.
Hay que reconocer que el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, las Comarcas y los Ayuntamientos hacen lo que pueden y a veces más, para mejorar los servicios y las posibilidades de los ciudadanos de las zonas despobladas, pero si no se cambian las leyes y se logra que la Constitución reconozca la singularidad, no se conseguirá que sus habitantes tengan la oportunidad de ser ciudadanos de primera como los de las ciudades, por mucha buena voluntad que se ponga.

Lamentablemente una vez más, los que habitamos en el mundo rural afectado por la despoblación, hemos sido olvidados en las acciones necesarias a tomar para afrontar la crisis en que estamos inmersos y de las medidas compensatorias por la grave inflación.

En el reciente Debate del Estado de la Nación, no se tuvo en cuenta la desigualdad que supone vivir en el mundo rural despoblado y no se ha tomado ninguna medida que al menos compense el aumento de la presión fiscal que genera la inflación: Tenemos las mismas obligaciones tributarias que los urbanitas y no tenemos los mismos derechos en el uso de los servicios básicos como son la salud, la educación, el transporte el acceso a los medios telemáticos, los servicios financieros etc. Con el agravio de que, con dinero recaudado en las zonas rurales despobladas, se están pagando los abonos de tren gratuitos con los que se les compensa el aumento de recaudación a los urbanitas.

Las noticias recientes sobre los servicios sanitarios en el medio rural son cada vez más preocupantes para poder continuar viviendo en nuestros pueblos. Una perspectiva muy grave es que a corto o medio plazo no haya suficientes médicos que quieran vivir y trabajar en nuestros pueblos, que en el pliego de transporte sanitario no se contempla la atención médica en todos los transportes de las UVIS o la suspensión del hospital domiciliario por falta de especialistas, entre otras.

Aunque Europa las ha autorizado y también se contemplan en los presupuestos generales del Estado, no se ponen en marcha las ayudas al funcionamiento de las empresas en las zonas gravemente afectadas por la despoblación con las que se puede rebajar hasta el 20% el coste de la seguridad social de sus trabajadores. Incomprensiblemente, los representantes de los partidos políticos que dicen luchar por la erradicación de la despoblación, se han limitado a preguntar al gobierno cuándo se van a poner en marcha y no son nada firmes en exigir su cumplimiento. Estamos finalizando agosto y con toda probabilidad se llegará a final de año sin que se haya hecho nada.

El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) es una herramienta que sirve para compensar la desigualdad de nuestra provincia con respecto al resto del Estado. Se puede entender que 20 de los 60 millones se inviertan en la capital de Teruel, pero lo que no puedo comprender es que la convocatoria para el resto de los pueblos turolenses salga en agosto y con 15 días de plazo para poder solicitarla. El mes de agosto es un mes prácticamente inhábil y todo el mundo está de vacaciones, secretarios, técnicos, gabinetes de ingeniería y arquitectura etc. ¿Cómo se puede pensar que un pueblo pequeño tiene capacidad para poder redactar y presentar un proyecto en 15 días en agosto, cuando además, las bases, finalidad y condiciones son diferentes a las de otros años?

Para mejorar los servicios en los pueblos pequeños, es necesaria la modificación de la Ley Comarcal, dotando a las comarcas de competencias y la financiación necesaria. Es frustrante tener la posibilidad de poder ayudar a pueblos pequeños y que las normas de la ley comarcal lo impidan porque en su día había otras circunstancias, se contaba con más financiación y no se contemplan las competencias en la situación actual. Después de 20 años, es prioritario revisar la ley comarcal y las funciones de las comarcas, dejándoles el margen suficiente para adaptar su acción a las necesidades singulares de su territorio, porque todas las Comarcas y Ayuntamientos no son iguales ni tienen las mismas necesidades.

José Manuel Insa. Vicepresidente Comarca Bajo Aragón