La medida aprobada este lunes por el Gobierno central para subvencionar el coste de los trenes de media distancia y cercanías es una de las iniciativas más importantes impulsadas en los últimos años para revitalizar un servicio tan necesario como clave en la vertebración territorial. El abandono del ferrocarril en las ciudades intermedias y pueblos de nuestro país ha fomentado sin lugar a dudas el abandono rural. El declive del tren ha sido paralelo al fenómeno de despoblación y la falta de inversión en el ferrocarril convencional ha derivado en un servicio obsoleto, lento y con instalaciones anticuadas. La crisis energética y el proceso de descarbonización obligatorio en la lucha contra el cambio climático fuerzan ahora medidas que obliguen a replantear nuestra forma de movilidad. Y aquí es donde el medio rural puede tener una importante oportunidad.

Se van a crear abonos subvencionados personalizados. El tren será gratuito hasta diciembre con estos abonos, pero debería continuar la medida para los pueblos. Esto supondría una garantía para cifrar los usuarios reales de nuestros trenes. En el caso de la única línea vigente en el Bajo Aragón Histórico, la línea Barcelona – Zaragoza (con paradas en La Puebla, Samper, Caspe, Fabara, Nonaspe y Fayón) no queda personal en las estaciones y no funcionan las máquinas expendedoras de tickets. El revisor tampoco pasa con frecuencia para la suministrar los billetes, así que muchos pasajeros viajan gratis, sin contabilizarse, impidiendo que exista un dato real acerca de la demanda de esta línea, lo que pone en duda su viabilidad por una supuesta falta de usuarios irreal. Aún así, las últimas cifras datan en más de treinta mil viajeros al año en Caspe.

Invertir en los trenes de media distancia, modernizar los servicios apoyándose de la tecnología y proyectos sostenibles, permitiría mejorar la calidad de vida de muchos residentes en el medio rural, así como asentar población. De hecho, en el último paquete de medidas del Gobierno central, se incluye el teletrabajo de los funcionarios tres días a la semana, lo que claramente permitiría que muchos de ellos combinasen su residencia urbana y rural, o se trasladasen definitivamente a los pueblos tal y como sucedió durante los años duros de la pandemia del covid-19. Para facilitar esta movilidad, los municipios deben asimismo incentivar espacios de trabajo domésticos o públicos con buena conexión a internet, sin la que resulta absolutamente imposible teletrabajar, asi como espacios educativos que permitan la conciliación familiar. En esta línea de trabajo, cabe destacar por ejemplo la inversión en más de 280 centros educativos transferida a DGA a través del plan Corresponsables, con 5,8 millones de euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Editorial.