El confinamiento perimetral de las capitales aragonesas se va a sentir en la economía del territorio bajoaragonés, pero es una medida imprescindible para evitar una extensión masiva de unos datos de contagio preocupantes. La transmisión comunitaria es grave y las reuniones sociales empeoran la situación. El medio rural se había situado como el lugar «seguro» al que acudir lejos de la pandemia los fines de semana, un espacio que recorrer para los propios aragoneses y que había dado un balón de oxígeno a la hostelería de los pueblos de toda la comunidad. Hemos experimentado datos de ocupación históricos en octubre, cuando incluso se habló de «desborde» de los pueblos en el puente del Pilar. Ahora, el descontrol de las cifras hace necesario proteger a nuestros pueblos, especialmente vulnerables por el tipo de población envejecida y por la escasez de medios sanitarios para abordar los grandes brotes de contagio. La transmisión comunitaria grave de Zaragoza, Huesca o Teruel no puede ser exportada a los pueblos, que en su mayoría ya están experimentando brotes vinculados a personas que estudian o trabajan en la ciudad.

Pese a que la movilidad en los pueblos no se haya limitado, a partir del lunes la puesta en marcha de la fase 3 de alerta regional tendrá unas implicaciones serias para nuestro día a día la economía local, especialmente para el sector del comercio y la hostelería. Si la evolución de los datos sigue siendo tan negativa, estas medidas se prolongarán varias semanas. El puente festivo de todos los santos complica aún más las restricciones, que deberán mantenerse para evitar las reuniones y los traslados en uno de los puentes donde los encuentros entre familias y las «vueltas al pueblo» para recordar a quienes ya no están con nosotros son casi una rutina obligada.

Sin embargo, cabe pedir al Salud que las restricciones sean revisadas en aquellas zonas donde los datos de salud se consideren seguros y exista cierta flexibilidad en coordinación con ayuntamientos y responsables de la atención primaria en cada zona de salud; siempre sin olvidar que el área hospitalaria de Alcañiz carece de UCI y requiere derivaciones de pacientes en un área de influencia de 80.000 personas. La exigencia de responsabilidad individual por parte de las autoridades debe estar acompañada de refuerzos en los centros sanitarios, ayudas al sector económico, rebajas fiscales o moratorias que no terminan de materializarse. Exigir y dar deben ir de la mano. Hoy, con una situación sanitaria verdaderamente preocupante en Aragón, solo cabe llamar al máximo cumplimiento de la norma para que podamos afrontar la recta final del año con el menor número de muertos posible.

Editorial