Nos gusta soñar con que los proyectos de energías renovables para nuestras comarcas traerán una riqueza sostenible y población a los municipios; empleo de calidad y fondos municipales. En eso consiste en teoría la transición ecológica a la que se ha dedicado un ministerio y una vicepresidencia del Gobierno central, a cuya cartera ha añadido también el enorme deber del Reto Demográfico. Son las zonas agrícolas y de monte rurales españolas las que van a albergar la energía renovable en nuestro país. En Teruel, donde nos faltan habitantes y sobra espacio, lideraremos el ranquing nacional. El debate nos asalta después de años de tramitaciones para poder permitir que las empresas energéticas cambien el modelo de producción nacional que nos convertirá en un país «verde». El ciudadano de a pie apenas entiende de zonas protegidas LIC y ZEPA, autorizaciones ambientales, estaciones de evacuación energética y megawatios. Se despierta ahora, cuando comienza a preguntarse si esos aerogeneradores realmente enriquecerán a todos o solo a unos pocos. Como Quijotes soñadores confiamos en que nuestras autoridades, cuyo interés debe ser esta transición justa y acorde, velarán por el bienestar de nuestros hábitats, y más una ministra abiertamente ecologista como Teresa Ribera.

La polémica suscitada en el Matarraña, hasta ahora al margen del boom de las renovables, nos hace preguntarnos sobre el balance entre los pros y los contras. Los matarrañenses, cuyo ejemplo turístico sostenible y de respeto ambiental ha sido ejemplar, están preocupados y dudan. El anteproyecto allí planteado prevé generar 60.000 euros por megavatio con unos aerogeneradores de 170 metros, de los más grandes conocidos hasta ahora. ¿Esos réditos en quién recaerán? ¿Los ayuntamientos que reciban esos fondos en qué los invertirán? ¿Va a haber algún control sobre los mismos? ¿Qué impacto negativo podría generar en el turismo? Esas preguntas se platean más allá del Matarraña, llegando a otras comarcas turolenses que se están reuniendo para acceder a más información y trabajar conjuntamente.

Aún no sabemos quiénes son los Quijotes aquí. Unos quizá lo sean por luchar contra gigantes empresariales que en realidad podrían ser inofensivos molinos de viento; otros, por soñar como ingeniosos hidalgos que con las renovables traerán una riqueza que hasta ahora, ni con otras líneas de ayudas como el FITE o el Miner, hemos sabido transformar de forma acertada en proyectos que contrarresten la despoblación. 

En Aragón hay unos 150 parques eólicos en tramitación y más de una treintena en ciernes. La fotovoltáica no se queda atrás. Solo en la provincia turolense se generarán en cuatro años 6.000 mw, lo que equivale a seis veces la Térmica de Andorra. Los ayuntamientos se están asociando en plataformas para poder gestionar los recursos públicos que generen, pero ¿sabrán hacerlo? ¿Son los alcaldes los que deben liderar este proceso? ¿Cómo se van a coordinar? Hace meses que agentes sociales y empresarios piden una agencia independiente y técnica con personal cualificado para gestionarlo con seriedad, sin intereses económicos, partidistas o localistas. Y es que en el boom verde tampoco faltan quienes piensan como Sancho Panza. Como el escudero cervantino diría «ande yo caliente, ríase la gente».

Eva Defior