El nuevo mapa de transporte de autobús a nivel nacional, impulsado por la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno central, prevé importantes recortes de paradas en el medio rural español. Este mapa ya fue duramente contestado desde el medio rural cuando se conoció a finales de 2022 y el Gobierno argumentó que se rectificaría. Sin embargo, lejos de esa realidad, se ha vuelto a tramitar con el mismo texto y con un plazo de enmiendas que acabará de forma breve, el 4 de marzo. Deberían nuestros diputados alzar la voz para detener un plan que ahonda en los agravios hacia la España despoblada y además obligará a los vecinos de los pequeños municipios a emplear más sus vehículos, dado que se pierden conexiones, alejándose así del propio objetivo de «sostenibilidad» que marca el propio nombre de la ley. Solo en el Bajo Aragón Histórico se perderán 19 de las 22 paradas. A nivel regional, solo se mantendrían las de las tres capitales y 16 municipios.

Al igual que sucedió con las irrisorias ayudas al funcionamiento de empresas, y especialmente en el caso de los autónomos, los compromisos con el medio rural van quedando atrás sin explicaciones o argumentos válidos. Llama la atención que este mapa no se haya consensuado con las autonomías, transfiriendo fondos para que ellas puedan gestionar con recursos suficientes su movilidad territorial. En el caso de Aragón, durante el primer semestre del año debe entrar en vigor la reordenación y mejora de las concesiones de los autobuses regionales que se pusieron en marcha la pasada legislatura y que prevén llegar a todos los municipios de más de diez habitantes, facilitando la movilidad y garantizando la igualdad de derechos. Que desde Madrid se gestionen estas rutas es ineficaz, sin embargo, no se puede modificar el mapa sin involucrar a las comunidades autónomas.

El Gobierno de Aragón asegura que con su nuevo sistema de transporte interurbano llegará a 1.235 núcleos de población, beneficiando a los 20.000 vecinos que están hasta ahora sin servicio y que viven en 403 núcleos que no cuentan con otro tipo de transporte o enlace con pueblos de mayor tamaño. Resulta sonrojante que en pleno cambio de modelo, ambas administraciones públicas no puedan coordinarse para ejercer una gestión más seria y cercana al ciudadano. La financiación autonómica del Gobierno central hacia el autonómico debe tener en cuenta de forma urgente las características poblacionales de autonomías como Aragón, donde sus servicios públicos son muy costosos y requieren garantizar la subsistencia de los pueblos. Esa sensibilidad debe ir más allá del nombre de la cartera ministerial y vicepresidencia de Reto Demográfico, y aplicarse en todas las políticas nacionales de forma trasversal. Diputados y senadores, alcen la voz por su tierra.

Editorial.