En los ayuntamientos del medio rural, donde la mayoría de los alcaldes y concejales ni siquiera cobran un sueldo, la nueva normativa que eliminará la regla de gasto va a suponer un enorme y justo alivio. En los consistorios de mayor tamaño, los de las cabeceras comarcales como pueden ser Caspe, Alcañiz o Andorra, donde sus responsables políticos ejercen una gestión más compleja ligada a la densidad de población y servicios públicos, los fondos acumulados son muy importantes. Su uso implicará sin duda inversiones públicas necesarias, pendientes desde hace años, y de gran calado que permitirán además dinamizar una economía local gravemente dañada por las consecuencias del covid-19. La rectificación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha cambiado de argumentos y posición, pone de manifiesto una improvisación total que pretendía desde la primavera emplear los ahorros municipales para cuadrar las cuentas nacionales. Se trata de 17.000 millones de euros que la administración local no estaba dispuesta a entregar y que mostraron su rechazo total de la mano de alcaldes de todo el país, sin importar condición política, en una grave derrota parlamentaria el mes pasado. Ahora, ante la necesidad del Gobierno central de presentar un borrador presupuestario en Bruselas, las fechas apremian, la necesidad de consenso también, y se ha permitido eliminar la regla de gasto así como el objetivo de déficit, que estará marcado por unos baremos más flexibles. Precisamente eso, flexibilidad, es lo que requiere una situación de excepcionalidad como la que nuestro país está viviendo a causa de la pandemia. Solo así, y con el consenso, se podrán poner en marcha medidas sanitarias y económicas que beneficien a los ciudadanos. La administración local ha sido durante estos siete meses la que se ha demostrado más capacitada para gestionar de forma directa las medidas que sus vecinos venían reclamando; los ayuntamientos han sido los más rápidos y eficaces a la hora de gestionar sus limitados recursos de forma finalista; y además han sabido dejar a un lado la politización que venimos sufriendo de forma vergonzante para centrarse en el interés general. Que los consistorios puedan al fin gestionar sus propios recursos de forma autónoma, siempre bajo el control de evitar el exceso de gasto político y arbitrario, es fundamental. Ojalá esta regulación venga para quedarse, controlando a los ayuntamientos incumplidores, y, sobre todo, sin castigar a aquellos que saben gestionar bien sus recursos.

Editorial