Septiembre abre un nuevo periodo de sesiones en una legislatura que sin duda será recordada por la pandemia que ha marcado, y que todavía condiciona, la mayoría de las decisiones políticas que ha sido necesario poner en marcha desde todas las administraciones para afrontar no solo la crisis sanitaria, si no también la económica y social. Sin embargo, este verano, y sin perder de vista la pandemia, han sido los continuos récords de las subidas en el precio de la luz lo que nos obliga en este nuevo periodo político que mañana comienza, a afrontar urgentemente la reforma del mercado eléctrico.

Debemos ser conscientes de que no estamos ante un problema coyuntural, sino ante un problema estructural que viene de largo. No olvidamos que Endesa fue una empresa pública que el Gobierno de Aznar vendió a Enel, propiedad del Estado Italiano. No olvidamos los casos de puertas giratorias, ministros y ministras del PP y del PSOE que han acabado sentados en los Consejos de Administración de las empresas energéticas. El ministro Solchaga inició lo que conocemos como «socialización de pérdidas» y Rodrigo Rato culminó el proceso de liberalización del mercado eléctrico. A esto hay que añadir los peajes al sistema eléctrico impuesto por M. Rajoy y que obligaban a las compañías a repercutir sobre sus clientes los impuestos autonómicos, algo que hasta entonces era voluntario, y que el Partido Popular hizo que se cargase sobre los clientes; afortunadamente este peaje ya lo ha tumbado el Supremo y el Constitucional. Gracias a todos ellos hoy tenemos un sistema de fijación de precios hecho a medida de las grandes empresas del oligopolio energético.

El acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos recoge la reforma del mercado eléctrico, la elaboración de un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas.
Hasta ahora se han aprobado dos medidas clave que sacan 8.000 mill/€ de la factura del consumidor y los trasladan a las grandes empresas energéticas. Se regulan los llamados beneficios caídos del cielo, una injustificada sobrerretribución que reciben hidroeléctricas y nucleares, que incorporan al precio de venta de la energía los costes de emisión de CO2, cuando estas no son tecnologías emisoras. Se ha creado el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con esta medida saldrán de la factura de los consumidores el coste de las primas a las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Estas primas a las renovables -unos 7.000 millones €- ya no se repercutirán en la factura eléctrica, a partir de ahora serán asumidas por el Fondo, que se nutre de las aportaciones de las empresas energéticas. Para ayudar a paliar la crisis económica, se ha reducido el IVA del 21% al 10%, todo lo contrario a lo que hizo el gobierno del PP que subió el IVA al 21%, y aunque es una medida positiva, también es mejorable. La electricidad es un bien de primera necesidad, por lo que el IVA reducido debe ser permanente.

Medidas positivas, pero no suficientes. En los últimos 20 años la tarifa de la luz ha subido un 90%. En 2020 Endesa ganó 1.394 mill/€, ocho veces más que en 2019; e Iberdrola obtuvo un récord de 3.600 millones. No puede ser que la factura de la luz suba al mismo ritmo que los beneficios de las grandes empresas del sector.

En Unidas Podemos siempre hemos defendido la necesidad de una empresa pública de energía y la reversión de los saltos hidroeléctricos, para poner fin a los precios abusivos marcados por el oligopolio energético y garantizar los suministros a un precio asequible. Mientras tanto, hemos planteado al PSOE una serie de medidas que el gobierno tiene la posibilidad de implementar de manera inminente vía Decreto-Ley, medidas ajustadas a la regulación europea y que ya siguen algunos países de nuestro entorno. Establecer un precio fijo para la energía nuclear, de tal forma que si el precio de otras tecnologías es alto no se repercutirá en la tarifa de los consumidores, e introducir un precio máximo para la energía hidroeléctrica, evitando que esta se vea encarecida cuando aumente el de otras tecnologías. Vamos, que no nos cobren el surimi a precio de langosta.

Marta Prades. Podemos