Mucho se está hablando en la actualidad sobre el más que posible cierre de la Central Térmica de Andorra, auspiciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en cien días de labor ha sido capaz de acabar con una buena parte de las esperanzas de vida y de futuro de nuestras comarcas mineras.
Me resisto a pensar que el cierre de la Central sea una realidad comprobable en muy poco espacio de tiempo. Todos estaremos de acuerdo en que las emisiones de CO2 tienen que reducirse para aminorar los cupos de contaminación que existen en la actualidad y para dar cumplimiento al Acuerdo de París, pero tenemos que hacer también todo lo posible para no propiciar el fin de un buen número de municipios turolenses.
Son muchas las circunstancias ligadas a la Central. De muy pocos es conocido que cuando en 1981 se puso en funcionamiento, se firmaron unos convenios de colaboración entre Endesa y los agricultores de la cuenca del río Guadalope. Este acuerdo se basaba en que parte de los gastos de la comunidad de regantes eran compartidos entre ambos por el mantenimiento, explotación, costes de energía por el bombeo de la presa de Caspe…
Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial, sí conversaciones sobre el asunto e indicios que apuntan a que si Endesa cierra la Central, esos compromisos serán papel mojado. Esto sumado al NO comienzo de las obras del recrecimiento del Pantano de Santolea, provocan una enorme preocupación en los regantes de la cuenca del Guadalope.
Estas obras tenían el firme compromiso del Partido Popular reflejado en los Presupuestos de 2018 y la misma semana de la moción de censura estaba anunciada la firma con la empresa adjudicataria. Todo esto se ha esfumado en los cien días de desgobierno socialista y mucho es el trabajo que nos queda por delante para darle la vuelta a la situación y para apoyar realmente a la agricultura turolense, gran protagonista del empleo y asentamiento poblacional en el medio rural de nuestra provincia.
