Las obras de las travesías de Alcañiz han dejado de ser un problema técnico para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública. Lo que nació como un proyecto de mejora urbana, financiado además con fondos europeos y llamado a transformar varios puntos sensibles de la ciudad, se ha enquistado hasta alcanzar una situación difícilmente aceptable para los vecinos. Retrasos, sobrecostes, errores de ejecución, deficiencias hidráulicas, riesgos eléctricos y un deterioro evidente de la convivencia diaria forman ya parte de un balance que exige algo más que reproches cruzados.
El informe de los técnicos municipales es lo suficientemente grave como para que ninguna administración pueda mirar hacia otro lado. Si las canalizaciones del Muro de Santiago no garantizan un correcto funcionamiento, si existen tuberías prácticamente pegadas a la calzada, pendientes insuficientes, acumulación de lodos, tapas sueltas y una instalación eléctrica con empalmes deficientes, la prioridad no puede ser determinar quién gana el relato político. La prioridad debe ser reparar con urgencia.
Mantener así una obra pública es peligroso para la seguridad de los ciudadanos, la movilidad urbana, el patrimonio de la ciudad y la confianza en las instituciones. Alcañiz no puede quedar atrapada en un laberinto administrativo mientras se discute si la responsabilidad corresponde al Ministerio, a la empresa adjudicataria, al proyecto inicial, a la dirección de obra o a la falta de coordinación entre administraciones. Todo eso deberá aclararse, por supuesto. Pero primero hay que actuar.
El Ayuntamiento, el Ministerio de Transportes, la Delegación del Gobierno y cuantos organismos tengan competencias deben sentarse de inmediato, pactar una solución técnica válida, sufragar la reparación y garantizar que los trabajos se ejecuten con control, transparencia y plazos realistas.
Después, con los informes sobre la mesa, que cada parte litigue, reclame responsabilidades y exija las compensaciones que correspondan. La ciudadanía no puede seguir pagando con ruido, cortes, inseguridad e incertidumbre. La obra pública termina cuando funciona, es segura y mejora la vida de quienes la usan. En las travesías de Alcañiz eso todavía no ha ocurrido. Por eso, la respuesta institucional debe estar a la altura. Urge reparar ahora y depurar responsabilidades después.
Editorial
