Finalmente ha sucedido lo peor que se podía esperar respecto a las obras del Hospital Comarcal. El inicio del expediente para rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas, UTE, formada por OHL y Dragados supondrá un importante retraso en la apertura del nuevo centro hospitalario, una demanda histórica del área bajoaragonesa y de la que dependen 80.000 personas. Esta infraestructura, según los compromisos escuchados durante estos años por parte de los máximos líderes tanto de PP como de PSOE, debería estar ya inaugurada. Seguiremos varios años en precario, sin unos servicios muy básicos cuya ausencia abre más la brecha del agravio entre el medio rural y la ciudad. Resulta absolutamente bochornosa la forma en la que se han venido desarrollando los acontecimientos, desde la rescisión del contrato público privado que Luisa Fernanda Rudi dejó sin firmar, hasta la puesta de la primera piedra de Javier Lambán en octubre de 2017 y el posterior devenir de los trabajos. Las obras desde el inicio han contado con retrasos y bloqueos por parte de una UTE a la que se le adjudicó un proyecto que rozaba la baja temeraria. Pese a todo, no han faltado actos políticos de gobierno y campaña alabando una estructura que avanzaba manifiestamente lento. Los ciudadanos serán capaces de juzgar por sí mismos la sucesión de acontecimientos. Sobre todo sorprende la manera tranquila que daba a conocer ayer una noticia que era un secreto a voces desde hacía meses. Solo la oposición PP-Ciudadanos cargó contra la situación. No hubo ninguna manifestación social ni nada se supo de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón, desaparecida durante estos años y que ayer tenía que haberse pronunciado de forma inexcusable. Durante estas semanas han declinado hablar argumentando que se encuentra desactivada y, dando a entender así, que sus motivaciones originales iban mucho más allá de la voluntad de defensa de la sociedad bajoaragonesa, convirtiéndose en un arma política cuyos fines ya no interesan. La presión mediática forzó que convocasen una reunión anoche, cuya decisión se desconocía al cierre de esta edición. El bochorno del retraso que se avecina solo puede ser ya paliado con mucha voluntad política para que el nuevo contrato que se licite empiece a trabajarse ya, de manera que en cuanto termine el proceso administrativo contra la UTE que se inició ayer todos los esfuerzos presupuestarios del Gobierno de Aragón se centren en tratar de cumplir los compromisos con el territorio bajoaragonés.

Editorial