Si alguien hubiera hablado hace diez años de la necesidad de «ruralizar las leyes» le habrían mandado con la boina a casa. Esa voz no habría tenido eco alguno. Habría sido un grito de auxilio al vacío de cualquiera de los miles de municipios del medio rural español. Probablemente habría sido un alcalde de pueblo, una locura de Miguel Ángel Revilla o un slogan de mitin electoral de los que tantas veces han terminado en las papeleras de teatros municipales. Son tantas las cosas que han cambiado, especialmente en estos dos últimos años, que hacen albergar muchas esperanzas. Esos cambios han sido sobre todo sociales, pero ese es el principio de cualquier punto de inflexión. Uno no se queda, se va o vuelve a vivir a un pueblo si no quiere. Eso es lo principal. Los municipios, en su mayoría, tienen buenos servicios, calidad de vida y unas infraestructuras aceptables. Faltan mejoras, sí, pero son salvables. Igual de agotador es viajar por la N-232 hasta Zaragoza cada día que pillarse dos atascos mañana y tarde en la M-30. Nadie decide su proyecto de vida por ese motivo. Eso sí, las infraestructuras mejoran la logística, la implantación empresarial y la creación de empleo, que ahí es donde los pueblos tienen su principal reto. Desde la Revuelta de la España Vaciada el 31 de marzo de 2019 la conexión social entre esas voces dispersas que reclamaban lo mismo en todo el país se ha mantenido. El empoderamiento de la población rural es ya incuestionable. No hay complejos. Han sido innumerables las plataformas que se han conectado en torno a esto, la mayoría de ellas se conocieron el 31-M. El acceso de Teruel Existe a los órganos de decisión y la visibilización de muchos debates de los pueblos a nivel nacional ha sido clave para que en Madrid el foco se pusiera ahí. No son los únicos con ese objetivo, pero sí los únicos que nacieron con ese fin como disciplina de partido, (o agrupación de electores). Ha habido más avances, como la creación del Ministerio de Reto Demográfico pero no se ha pasado aún de las musas al teatro.

Sobre cómo «ruralizar las leyes» van a trabajar 50 mujeres y 50 hombres de todo el país en lo que se ha denominado el G-100, un grupo de cien personas impulsado por El Hueco y en el que participan varios turolenses. La «nueva ruralidad» no es nueva en esencia, pero sí en la forma de expresarse. Esa identidad de la que enorgullecerse es diferente hoy para muchas personas. En este G-100 hay gente brillante, experta, y que defiende los pueblos, vive en ellos, los conoce y puede tender puentes para facilitar el cambio de tendencia demográfica. ¿Llegarán a materializar sus propuestas? El mero hecho de que se conecten entre ellos y pidan modificaciones legislativas es muy importante. Tienen capacidad de influir. No se puede legislar igual para Madrid o Zaragoza que para Alcañiz o Seno. Es inaudito, injusto y asfixiante. En la pandemia lo estamos padeciendo de forma muy clara sin que se escuche en absoluto esta reivindicación. Solo en la desescalada se consiguió tomar medidas según tamaño de población.

La fragilidad de las áreas rurales es total. En otros países han legislado para proteger a las comunidades despobladas desde hace más de una década, conscientes de que no es lo mismo mantener una escuela, una tienda, un bar o una granja en un pueblo que en la ciudad. Lo que aquí ocurre, con un problema de equilibro territorial tan enorme, es inaudito; y más teniendo en cuenta que en la composición del Congreso la mayoría de los diputados proceden de provincias con problemas de este tipo. Las leyes no pueden ser iguales si queremos igualdad de oportunidades. Cada norma debe adaptarse al territorio en el que se aplica para permitir el equilibrio social. Y ahí caben desde la PAC, donde la mayoría de los perceptores del país tienen domicilio en Sevilla y Madrid; hasta las políticas fiscales para personas y pymes locales; legislación sobre vivienda, políticas de igualdad, maternidad, emprendimiento, innovación, e incluso el mismísimo uso de mascarilla en el exterior.  

Eva Defior