El pasado jueves analizábamos los datos de la Encuesta de Población Activa de España y también de nuestra provincia. En ellos comprobábamos cómo 1,1 millones de personas perdían su empleo en nuestro país durante el segundo trimestre de 2020, además de los que lo hicieron en el primero, que también superaba el millón. En nuestra provincia, muy lamentablemente, más de 2.000 personas seguían el mismo camino.

Se trata de datos muy preocupantes que ponen en entredicho el mantenimiento de los derechos fundamentales de todos los españoles. Por ello hacíamos un llamamiento a las instituciones públicas para poner en marcha herramientas tan importantes en nuestra provincia como la firma inminente del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) del 2020, sacar las bases de adjudicación del de 2019 o dar a los ayuntamientos la capacidad de utilizar los remanentes de tesorería para activar la economía de nuestros municipios.

La sorpresa mayúscula se produjo esta semana con la decisión de la Federación Española de Municipios y Provincias de confiscar los ahorros de los ciudadanos de nuestros ayuntamientos, con el único voto favorable del Partido Socialista Obrero Español. Un hecho insólito, que rompe el consenso municipalista existente hasta la fecha y aprobado in extremis, gracias al voto de calidad del presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Una maniobra pueril que perjudica directamente a los ciudadanos por apropiarse de los ahorros municipales, puesto que son las entidades locales quienes desempeñan un papel fundamental en la prestación de los servicios sociales. Un ataque en toda regla del Gobierno de España a nuestros ayuntamientos y que pone de manifiesto la incompetencia de este ejecutivo para abordar una situación ya de por sí muy deteriorada.

Por ese motivo, desde el Partido Popular vamos a defender a nuestros ayuntamientos, alcaldes y municipios para que no se lleve a cabo esa medida injustificable. Es por ello por lo que ya hemos pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique el por qué de esta tropelía, así como también hemos anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Esto no va de siglas políticas. No es justo, no es lícito y no es moral atacar la economía de los más débiles.

Alberto Herrero – PP Calanda