El confinamiento derivado del estado de alarma y la situación crítica que estamos viviendo con la pandemia han evidenciado la urgente necesidad de disponer de un buen sistema de telecomunicaciones y de conectividad territorial para poder seguir llevando a cabo todas aquellas actividades (principalmente de carácter económico, pero también culturales y de ocio) susceptibles de ser canalizadas a través de esta alternativa de comunicación.
Aquellos territorios mejor equipados en este sentido han podido (y pueden seguir haciéndolo mientras dure la pandemia) hacer frente a la crisis del coronavirus mejor que aquellos otros (mayoritariamente rurales) que no disponían de buenas conexiones a internet o a las propias redes de telefonía móvil. Esta circunstancia ha podido provocar, de hecho, abrir todavía más la brecha urbano-rural en esta materia por lo que el esfuerzo que debía dedicarse a la equiparación urbano-rural en materia de conectividad debe de incrementarse sobre lo que estaba previsto, no solo para cerrar la brecha mencionada sino para equiparar las «defensas» del medio rural y urbano frente a la crisis y sus efectos en la limitación a la movilidad de las personas.
Por otra parte, no solo se trata de establecer cuanto antes esta equiparación para afrontar una movilidad limitada, sino que es preciso aprovechar otro de los efectos de la crisis del coronavirus, en este caso positivo hacia el medio rural, como es la ventaja comparativa que la baja densidad de las zonas menos pobladas tiene frente a la transmisión del virus. Las bajas densidades poblacionales se configuran, en el caso de la covidD-19, como un aspecto muy valorado por las personas, ya que, cuando es posible mantener una actividad económica a través del teletrabajo, se evitan las masificaciones de las grandes ciudades, potencialmente más susceptibles a la transmisión del virus.
Esto significa que, si no se potencia la conectividad digital territorial, además de incrementarse la brecha provocada por las limitaciones a la movilidad, se está desaprovechando la oportunidad de reubicar actividades económicas en el medio rural que si dispusieran de una buena conectividad podrían establecerse con base en el teletrabajo. Por lo tanto, debemos definir los nuevos servicios esenciales que reclama la sociedad actual y la necesidad de atenderlos adecuadamente desde las administraciones si los operadores privados no llegan a prestarlos adecuadamente.
Es preciso realizar un gran esfuerzo en ampliar los servicios de la administración electrónica para evitar desplazamientos innecesarios, dotándolos de la suficiente seguridad en las transacciones realizadas a través de los certificados electrónicos (DNI electrónico). Sin embargo, esta «equiparación» justa, necesaria y urgente de la ciudadanía (urbano-rural) al acceso a los servicios administrativos electrónicos, debe ir acompañada al mismo tiempo de una labor divulgativa y educativa que debe ser mucho más intensa en el medio rural dada la composición que actualmente tienen las pirámides de edad de estos territorios con una población mayoritariamente envejecida y con escasa formación en el manejo de las tecnologías digitales.
Por estos motivos no debemos dejar de reclamar un trato justo y una mejora en las condiciones de los servicios básicos en el medio rural y trabajar conjuntamente por solucionar los retos que nos presenta el futuro. Desde Chunta Aragonesista, hemos anunciado la presentación de una iniciativa en el Senado, a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para conocer los motivos por los que el Gobierno de España ha excluido a Aragón del Programa de Extensión de Banda Ancha, y para reclamar que atienda las demandas del Gobierno de Aragón para subsanar el problema.
No podemos permitir que por un fallo de interpretación se queden fuera del programa todas las comarcas aragonesas, debemos subsanar esta situación exigiendo una convocatoria complementaria y modificar para el futuro unos criterios que se han demostrado completamente ineficaces para el medio rural.
José Manuel Salvador – Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón
