Cuando escuchamos hablar sobre la necesidad de un pacto de rentas, la clase trabajadora debería echarse la mano a la cartera, pues no es más que un eufemismo para exigirnos que nos apretemos más el cinturón mientras las grandes empresas mantienen unos enormes beneficios.

La inflación de marzo ha sido del 9,8% interanual. Los precios estan metidos en una espiral alcista. Mientras nos cuesta mucho más vivir, la clase trabajadora no ha visto subir sus salarios en la misma proporción. La media de subida de los convenios que han sido renovados, ha sido del 2,5%, sin olvidar que una gran parte siguen atascados debido a las resistencias de subidas significativas de salario de las patronales, acentuando la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, en un contexto de país donde ya de por sí los salarios están muy devaluados, y donde progresivamente ha ido perdiendo peso la renta del trabajo en favor de las rentas del capital.

Esta situación contrasta con la enorme bonanza del gran capital. En 2021, las empresas del Ibex 35 tuvieron unos beneficios de 58.500 millones de euros. Los cinco grandes bancos ganaron 20.000 millones y las eléctricas tuvieron un beneficio de 11.000 millones. Beneficios récord que sirvieron para que los directivos del Ibex incrementaran sus ingresos en un 20%, 13 veces más de lo que subieron los convenios el mismo año (1,5%).

Como podemos hablar de un pacto de rentas cuando un trabajador medio paga un 30% de IRPF, las pymes entorno al 40% y sin embargo una gran empresa paga un 5% de impuesto de sociedades.
No podemos estar sordos ante el malestar social provocado por el incremento de los precios y no podemos conformarnos con soluciones basadas en regar de dinero público a las empresas, sin cambios en la regulación de sectores controlados por esas mismas empresas que obtienen beneficios millonarios.
Durante la pandemia, mientras el Estado se endeudaba, la clase trabajadora perdía ingresos y las pymes sufrían por sobrevivir, hubo empresas que obtuvieron beneficios récord sin que el Gobierno tuviera la valentía para establecer un impuesto extraordinario a las grandes rentas y a los beneficios empresariales que al menos redistribuyera un poco los costes de los efectos de la pandemia.

Es el momento de exigir una reforma fiscal progresiva que establezca un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y que cree un impuesto especial a los beneficios caídos del cielo, y otro a la banca para que comiencen a devolver los más de 60.000 millones del rescate bancario, evitando así que esta crisis la paguemos los mismos de siempre.

Daniel Palomo – GANAR – IU Alcorisa