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Dos meses después de la celebración de las elecciones autonómicas, y a pesar de tener uno de los parlamentos más fragmentados del panorama nacional, Aragón tiene presidente. Repetirá en el cargo Javier Lambán quien, por primera vez en nuestra democracia, estará acompañado por miembros de otras tres fuerzas políticas.

A pesar de los seis siglos que han pasado desde la celebración de la Concordia de Alcañiz y el compromiso de Caspe, parece que nuestra comunidad vuelve a hacer justicia a su fama, demostrando que somos una tierra de pactos. La palabra y el diálogo han recuperado el protagonismo que merecen, dejando en evidencia que, en el momento en el que la atención mediática pasa a un segundo plano y los focos desaparecen, es más fácil hablar, negociar y llegar a acuerdos.
No les voy a engañar, me hubiera gustado que las negociaciones hubieran dado como resultado un gobierno de centro derecha. Pero era un acuerdo difícil de lograr cuando una de las partes no acepta siquiera sentarse en la mesa por motivos que, al menos de momento, se desconocen. Y es que, el argumento de la defensa del aragonesismo como hilo conductor de la nueva coalición, se desarticula fácilmente.

En primer lugar, si ese fuera el verdadero motivo, el Partido Popular, como partido que defiende los derechos de los aragoneses debería formar parte del gobierno. Salvo que el PAR ya haya aprendido de la izquierda su capacidad para excluir a todo aquel que piensa diferente, siendo ellos los encargados de definir quién es aragonesista y quién no. A ello se suma el hecho de que, no hace tanto tiempo, el PAR no sólo formaba parte del gobierno con el Partido Popular, sino que se presentaba a las elecciones generales de su mano, ¿es que acaso en esos momentos no eran aragonesistas?

Pero dejando a un lado esta cuestionable decisión que el PAR deberá explicar a sus votantes, la realidad es que la denominada Vía aragonesa no está exenta de riesgos.

Si bien es cierto que la decisión de incluir a tres de los cuatro partidos que apoyaron a Lambán en la investidura es una manera de garantizar cierta estabilidad política, los gobiernos de coalición, y más con tantos miembros, no suelen agotar legislatura, con la consecuente celebración de elecciones anticipadas. A lo que se suma el hecho de que cualquier decisión tenga que contar con el apoyo de cuatro partidos, lo que dificulta la rapidez en la toma de decisiones y, por ende, de la gobernabilidad.

Por otro lado, y esta cuestión me resulta más preocupante, si en cualquier gobierno de coalición existe el riesgo de que la partida presupuestaria destinada a pagar cargos de libre designación incremente considerablemente, este riesgo se multiplica por cuatro en nuestro caso. Como ciudadanos, y en mi caso como miembro del partido de la oposición, debemos estar vigilantes. Hay que exigir plena transparencia a la hora de justificar la creación de cualquier nuevo puesto que se vaya a crear, que estoy convencida que van a ser muchos. Los recursos públicos deben ir destinados a lograr mejorar las infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida de los aragoneses, y no a satisfacer los intereses personales y partidistas de los miembros que integran el gabinete.

Desde el respeto institucional, hay que dar un voto de confianza al nuevo ejecutivo, al menos durante los primeros 100 días. A partir de ese momento, tocará trabajar desde la oposición, y siempre desde el respeto, para lograr que esa pluralidad tan mencionada durante la sesión de investidura sea real, y lograr que la voz de las 138.158 aragonesas y aragoneses que votaron al Partido Popular sea escuchada y tenida en cuenta en las Cortes.

*Analista político y edil PP Alcorisa