Norbert Feher detalló ayer sin pudor todos los hechos por los que fue preguntado a fondo en la Audiencia de Teruel dejando declaraciones que mostraron su falta de remordimiento y que fueron verdaderamente dolorosas para las familias y amigos de los tres asesinados. Literamente explicó que remató a José Luis Iranzo, que echó a correr tras un primer disparo, y que acribilló a los dos guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Caballero, para salvar una biblia que se había dejado en el coche. El buen trabajo realizado por la fiscal y por los abogados de las acusaciones permitió obtener respuestas muy precisas que el acusado contestó, cambiando en varios puntos su declaración original. Esas respuestas son solo algunas de las que se escucharán a lo largo de un amplísimo juicio que se prolongará durante toda la semana y probablemente la que viene. En este juicio se espera que el jurado popular le condene a prisión permanente revisable para que la máxima pena caiga sobre este asesino. Sería la primera en Teruel y la segunda en Aragón. Es el objetivo de las siete acusaciones y no pueden errar ni dejarse distraer por las argucias de Feher, que se mostró ayer calmado, concentrado y consciente de cada palabra. Sin embargo, entre este martes y el miércoles se producirán declaraciones muy importantes de partes implicadas, como el padre de Iranzo, el civil andorrano que acompañó a la Guardia Civil hasta el mas del Saso minutos antes de los crímenes o de los propios guardias civiles implicados.

Una vez transcurrido el juicio se terminarán los argumentos de las autoridades responsables de responder a las preguntas pendientes, casi noventa en manos de los Amigos de Iranzo. Hasta ahora se ha rechazado contestar porque el caso está «judicializado». Esas respuestas, de no obtenerse, se buscarán por la vía judicial a través de la reclamación de responabilidad patrimonial del Estado que deberán iniciar las familias comenzando un periplo que puede prolongarse durante años pero que es más que necesario para obtener de forma oficial la constatación de que no se hizo todo lo posible, de que hubo negligencias claras y que se contribuya a resarcir parte de un daño absolutamente irreparable. En este camino las familias no están solas, tienen el respaldo del territorio bajoaragonés y de buena parte del Aragón rural, cuya exigencia es que lo ocurrido en Andorra y Albalate no se vuelva a repetir.

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