El inicio del nuevo contrato de transporte sanitario en Aragón ha puesto de manifiesto sin paños calientes una gestión deficiente, precipitada y que arroja serias dudas respecto al control que se ha ejercido por parte del Gobierno de Aragón tanto para adjudicar el contrato a la nueva empresa como para realizar una transición rigurosa, en la que la salud de nuestros ciudadanos está en juego.

Los fallos y las deficiencias constatables desde el jueves son tan numerosas como las propias ubicaciones de estas ambulancias, con 90 vehículos en la comunidad. Pese a ser el contrato más amplio de la historia, con una asignación que pasa de 19 a 31,6 millones de euros al año y aumentar las horas de presencialidad, la realidad constatable hasta ahora es un comienzo plagado de irregularidades cuestionables y denunciables. La más flagrante es que los trabajadores de las ambulancias, cuya presencialidad física se conocía desde la adjudicación del contrato a principios de año, carecen de bases preparadas. En varios casos, como Alcañiz, tuvieron que dormir en el suelo con sábanas de las propias ambulancias, y en otros, en los vehículos. Han sido los propios ayuntamientos los que han resuelto situaciones como la de Mas de las Matas, cediendo espacio en las residencias de mayores para ubicar a los trabajadores de las ambulancias. Algunos vehículos llegaron con fallo de motor, una antigüedad que incumple el contrato, e incluso faltas en tomas de oxígeno o elementos básicos para el funcionamiento de los respiradores. También se desconoce en qué punto está la puesta en marcha del nuevo servicio del 112, que se supone apoyará al transporte sanitario cuando sea necesario; no se sabe ni con qué material ni con qué personal contará. También avanzan con lentitud las helisuperficies nocturnas y recuerdan que sigue sin ponerse en servicio el apoyo del 112 y los helicópteros nocturnos. Por supuesto, la falta de médico en la UVI del Hospital de Alcañiz es una carencia que debe ser resuelta de inmediato, pese a que la marque el contrato, tal y como han denunciado agentes sociales y políticos.

Sin entrar en conflictos políticos entre partidos políticos o en intereses tanto de empresas como de sindicatos, huelga afirmar que esta situación es indignante y sus máximos gestores deberían afrontarla con la responsabilidad que conlleva la gestión de la sanidad pública, que por supuesto no puede generar agravios en el medio rural. Una transición de seis meses no puede traducirse como una vía libre a las negligencias. El impás electoral deja a miles de ciudadanos en un limbo de gestión y político, en el que nadie asume responsabilidades. Inadmisible.

Editorial.