Una reforma educativa cada cinco años, esa es la media que registramos en España en los últimos 40 años. Desde 1980 se han realizado 8 reformas educativas impulsadas tanto desde la izquierda (cinco) como de la derecha (tres). Ninguna ha tenido un consenso mayoritario ni ha durado más de 8 años. Una reforma educativa en condiciones debería tener el respaldo de la amplia mayoría política y poder durar para permanecer en el tiempo durante varias generaciones, eso querría decir que se ha adoptado un acuerdo mayoritario buscando sobre todo el interés general, sin llegar a radicalizar posturas ni crear enfrentamientos. Ya ocurrió con la «ley Wert» y está ocurriendo en la actualidad con la «ley Celaá» que ya me parece incongruente el denominar las leyes con los apellidos del ministro de turno. Una ley que nace de facto sin un consenso mayoritario está destinada al fracaso, ya se han posicionado varios partidos políticos para abolirla en el caso de que lleguen a gobernar.

De nuevo se ha realizado una ley que deja de lado a la educación concertada. La coexistencia de la educación pública y privada debería de ser una de las premisas fundamentales para la elaboración de nuevos proyectos y ocurre lo contrario cuando vuelven a salir nuevas normas. La posibilidad de libre elección por parte de los padres al tipo de educación que quieren para sus hijos debería primar por encima de cualquier otro interés, dando igual posibilidad a las escuelas a la hora de recibir fondos públicos que permitan una educación de calidad para todos los alumnos.

La eliminación del castellano como lengua vehicular, la adaptación de los centros ordinarios para ir atendiendo a los alumnos con educación especial en detrimento de los centros de atención especial, la prohibición de recibir cuotas o aportaciones en la escuela concertada, las trabas para la libre elección de las familias… todo son palos en la rueda hacia un sector que en ocasiones debe subsistir con ayudas de las familias que no llegan de las administraciones. Mientras en las escuelas concertadas hay que realizar derramas en algunas ocasiones para poder encender las calefacciones o alguna reparación imprevista, la escuela pública cuenta con los ayuntamientos que son los que sufragan estos gastos, así como los de algún tipo de personal no educativo. Estos gastos también los pagamos entre todos y nadie ponemos ninguna objeción en ello ¿No es esto también un agravio comparativo?

Un triunfo en una ley es la que tenga un amplio consenso y permita una larga durabilidad de la misma, todo lo que no sea así es poner un parche ante un problema sin atajarlo de raíz o bien pagar con determinadas medidas el apoyo de algunos grupos políticos a un gobierno que ha perdido el norte con la educación en nuestro país.

Eduardo Orrios – PAR Alcañiz