El acuerdo al que ha llegado la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Hacienda sobre el uso del superávit municipal y los remanentes mejora la situación en la que los ayuntamientos estaban, pero no es ni de lejos una respuesta ajustada a la situación que atraviesa la administración local. Muchos de estos municipios no se adaptan a esta realialidad por diversas razones, propias o heredadas, pero la pandemia debe forzar a dar respuesta a absolutamente todos nuestros ayuntamientos, sin dejar ni uno solo fuera. El Gobierno central condiciona el reparto de los 5.000 millones procedentes de Europa para hacer frente al covid a la entrega por parte de los ayuntamientos de todo su superavita hasta 2022, esto son 14.000 millones de euros a nivel nacional. Estos fondos son producto del ahorro de los propios consistorios así como de la buena gestión de la mayoría de ellos y los recortes en muchos pueblos desde hace años con lo que ha supuesto para la población. Nuestros alcaldes y equipos de gobierno llevan meses pidiendo poder emplear esos recursos, en muchos casos millonarios, para poder sufragar distintos gastos imprevistos, como lo fueron por ejemplo los enormes daños de la borrasca Gloria. La necesidad se ha agravado sobremanera desde marzo por los gastos que la administración local quiere afrontar para apoyar a su población a través de distintas líneas de ayuda, planes de conciliación, apoyo a empresas, refuerzo de servicios sociales, limpieza de calles, adaptacion de aulas, residencias, centros de salud, y un larguísimo etcétera. Que tengan que entregar estos recursos ahora para poder empezar a emplearlos en 2022 (confianzo en que el Gobierno central cumpla lo acordado) supone dilatar casi dos años unas inversiones que deben realizarse ya mismo. Los alcaldes del PP se han plantado ante el Gobierno, dificultando la aprobación en el Congreso de esta medida. Seguramente será también un alivio para muchos otros primeros ediles de otras las formaciones políticas en el Gobierno (Psoe y Podemos). Prácticamente ninguno se mostraba conforme con esta solución, la «menos mala» pero que sin duda supone una intromisión en la autonomía municipal que no ha de permitirse.

Editorial