El pasado 22 de diciembre los grupos de la DPT de Ganar Teruel y CHA registramos una propuesta de resolución en la línea de las inquietudes que en toda la provincia de Teruel, muy especialmente en la zona afectada, en relación con los crímenes del 14 de diciembre en andorra y los disparos producidos 9 días antes en Albalate del Arzobispo. La explicaciones dadas hasta aquel momento por parte de los responsables políticos no disipaban la sensación de desamparo en nuestro medio rural.
Con el paso del tiempo y viendo que dichas explicaciones seguían cargadas de contradicciones, la inquietud no ha cesado. El pleno del Ayuntamiento de Andorra del pasado jueves 25 da un paso más acordando personarse en el procedimiento judicial como acusación popular y pidiendo las dimisiones del delegado del gobierno en Aragón y del subdelegado del gobierno en Teruel.
Ante este nuevo escenario, el pasado día 30 -víspera del pleno- nos vemos en la obligación de presentar nuevamente la propuesta con unas leves modificaciones en dos puntos y añadido un último punto pidiendo las mismas dimisiones que el Ayuntamiento de Andorra.
Para nuestra sorpresa, el equipo de gobierno consideró esta modificación de la propuesta como una nueva propuesta y, por tanto, debía pasar el trámite de la votación de la urgencia. Eso hizo que, aunque en el debate de la moción se habló del tema de las dimisiones, este último punto no se permitió votar, puesto que el PP y el PAR votaron en contra de admitir la urgencia. Es la primera vez que esto sucede. Siempre se ha aceptado pasar el trámite de urgencia en todos los casos.
No es la primera vez que se han aceptado modificaciones a una moción presentada previamente, bien sea modificada por otros grupos, o por grupo proponente, con esta acción lo que persigue y consigue es impedir el debate independientemente de las diferentes posiciones políticas que cada grupo puede marcar con el voto a favor o en contra.
Está claro que el hecho de utilizar una artimaña «reglamentaria» para rehuir el debate y bloquear la propuesta, solo demostró la incomodidad del equipo de gobierno a la hora de posicionarse ante un realidad que está en la opinión pública: la falta de responsabilidad política que potencia aún más la duda de si se pusieron o no los medios necesarios.
