Plantar, abonar, podar, regar, cosechar, molturar…Criar, alimentar, limpiar, calentar, cuidar, cargar… Invertir en maquinaria, en fitosanitarios, en personal. Negociar precios, ajustarse al mercado, sortear las subidas de materias primas, competir a nivel internacional, en la globalidad. Buscar valorizar el producto local, ser sostenible, apostar por la economía circular, batallar con la burocracia, unirse en cooperativas con base social, luchar por el relevo generacional, asentar población. De lunes a domingo, con ilusión, sabiendo que tu producto vale la pena, queriendo crecer. Pagar el seguro, rezar para que llueva, pero no granice; que nieve, pero no demasiado; que no suba más el coste de la luz… ¿Cuánto vale esto? Póngale precio en el supermercado a una bandeja de chuletas de cordero, un kilo de melocotón, un litro de aceite de oliva. ¿Mira la etiqueta de lo que compra? ¿Y qué piensa cuando se lleva la comida a la boca? ¿No le gustaría saborear un menú rico y justo? ¿Trabajaría para perder dinero? Pues lo cierto es que nuestros profesionales del campo a veces venden a pérdidas o casi. Deben ajustar tanto los márgenes que resulta muy difícil pagar más a sus empleados, lo que supone además que sea ya casi una odisea encontrar a personas que quieran trabajar en el campo. Está sucediendo en nuestros pueblos, y cada vez son más las voces que alertan sobre ello.

Hoy nuestro campo es un poco más justo. Hace unos días el Congreso aprobó la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir al fin las ventas a pérdidas, algo que parece lógico pero que no estaba regulado. Recordarán que fue una de las principales reivindicaciones por las que el sector del agrícola se reveló justo antes del inicio de la pandemia. Su movilización fue la última antes del confinamiento de 2020. Parece que ha pasado una eternidad y las portadas desde entonces se han ocupado con temas covid, debates políticos estériles o reivindicaciones sobre la lucha a favor del medio rural que sólo nos llevan a lugares comunes. Este avance es uno de los más importantes de los últimos años para nuestro campo y el trabajo por el medio rural español. Y sí, podría mejorar, pero sin duda supone un cambio legislativo básico importantísimo. Implica que no se pueda cobrar menos de lo que cuesta producir nuestros alimentos en todos los eslabones de la cadena , incluída la venta final. Esto incluye a empresas españolas, de estados miembro de la UE en las que no rija otra legislación, y empresas españolas que también operen en el extranjero.

El gran reto sigue siendo aún que el consumidor sea capaz de entender qué come, cómo y porqué. Un consumidor informado es un consumidor responsable. La mayoría no ha visto una vaca o un cerdo, y no hace falta irse a Madrid para eso. En el tintero de la ley queda el doble etiquetado, una de las principales demandas de algunos sectores, que pedían incluir el precio del producto en origen. Hay que seguir batallando. Tampoco será sencillo aplicar la ley porque supone un enorme cambio cultural. Pero con toda seguridad contribuye a dignificar y proteger el trabajo del campo; pero, sobre todo, entregr al sector primario una herramienta jurídica justa, acorde al valor de nuestros productos y sus profesionales.

Eva Defior