La gestión de los residuos es una competencia estrictamente municipal, que mal realizada, puede generar una importante contaminación de los suelos, del aire, del paisaje y un gravísimo riesgo de salud para las personas y el entorno. Recordemos el último suceso acaecido en el vertedero de Zaldibar en el País Vasco, producido por una supuesta nefasta gestión privada de un vertedero autorizado.

Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y Comarcas intentan ayudar a los Ayuntamientos en el cumplimiento de una estricta legislación, que no es fácil de hacer cumplir y de llevar a la práctica, la cual se inicia en las Directivas Europeas y finaliza en las Ordenanzas Municipales. También hay que tener en cuenta la buena voluntad del administrado a la hora de seguir correctamente las pautas dictadas por las diferentes administraciones. Pero pese a ello algunos Ayuntamientos ponen muy poco de su parte para que la normativa se cumpla. Todos conocemos en las afueras de nuestros pueblos, unos espacios llenos de basuras, escombros y vertidos varios, algunos de ellos tóxicos y peligrosos, muy conocidos por toda una maraña de «gestores no autorizados» que revuelven entre los montones y que se llevan de aquí para allá todo tipo de materiales, sin ningún tipo de control. Estos lugares son conocidos como «escombreras municipales» y están en todos los pueblos de nuestra Comarca.

Tanto los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, como los del SEPRONA de la Guardia Civil, sabedores de esta situación ilegal, ponen en conocimiento de la Autoridad, los Directores de los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente estos hechos y los Servicios Jurídicos resuelven dichos expedientes administrativos, proponiendo cuantiosas multas que pagamos el total de los ciudadanos de esos municipios pero que en modo alguno afectan al bolsillo de los verdaderos responsables de esas acciones ilegales, los alcaldes y concejales responsables de dichas materias.

El Ayuntamiento de Caspe con la concejalía de Medio Ambiente al frente, por fin, se ha puesto las pilas y ha iniciado el camino para dar una salida correcta al problema de su ilegal escombrera que tanta salud ambiental nos ha robado y tanto ha escaldado las arcas municipales.

Creo que la autoridad judicial y la Fiscalía Medio Ambiental deberían iniciar una investigación profunda para solucionar este problema que afecta, a nuestro medio ambiente y a nuestra salud, pidiendo, de acuerdo con el derecho, las responsabilidades penales y la inhabilitación para cargo público de los responsables políticos de estos hechos.

Pedro J. Martínez – CHA Bajo Aragón-Caspe