He dedicado 16 años de mi vida profesional a atender la asistencia psicológica en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos (OAVD) de Teruel, un servicio que debería reforzarse porque la víctima acaba siendo siempre la gran olvidada por la sociedad y por la Administración de Justicia, que es quien debería velar por que se pueda ofrecer una atención mucho mayor a estas personas acorde con los tiempos. Por el contrario, desde hace años se han venido reduciendo las horas de atención a las víctimas a pesar de ser cada vez más necesario puesto que su número ha aumentado, en particular las de violencia de género.

Lo último que demuestra la escasa importancia que este servicio tiene para la Administración fue la orden recibida desde Zaragoza de no prestarles asistencia psicológica durante el estado de alarma por considerarlo “no esencial”, pese a que la Audiencia Provincial de Teruel estableció que la OAVD debía estar funcionando a pleno rendimiento. En Teruel, la oficina ha estado siempre abierta y yo como psicóloga seguí atendiendo a las víctimas por teléfono durante el confinamiento desde mi casa con mis medios personales, además de continuar haciéndolo a distancia al principio de la desescalada para preservar tanto la salud de las víctimas como la mía.

Cuando me reincorporé ya de forma presencial a la oficina en el mes de mayo, la respuesta fue mi despido con el argumento de que no había acatado las órdenes e instrucciones de Asapme (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental), que es la empresa a la que la Dirección General de Justicia de la DGA tiene adjudicada la prestación de este servicio. No me abrieron un expediente, sino que directamente me despidieron por no acatar las órdenes que me habían dado, que era dejar desamparadas a las víctimas, acusándome de “falta de diligencia en el trabajo encomendado y la desobediencia a las instrucciones de sus superiores”, con argumentos como que había vulnerado la Ley de Protección de Datos al llamar a las víctimas para prestarles auxilio con mi teléfono particular durante el estado de alarma.

Todo me lo comunicaron por escrito, no se dignaron a hablar conmigo, y encima lo hicieron con la anuencia de la Unidad Administrativa de Justicia en Teruel -la Administración autonómica, que tenía que haberse informado de la situación de las trabajadoras a través del gestor de la Oficina de Asistencia a la Víctima y no lo hizo-, según el burofax en el que me notificaron el despido y que me remitió Asapme el 26 de mayo. La única comunicación que ha tenido la Unidad Administrativa conmigo fue cuando acudí a ella con la desescalada para pedir medios de protección y me dieron un gel, con el argumento de que los EPIS tenía que facilitármelos Asapme como empresa adjudicataria del servicio, lo que nunca hizo y tuve que proveerme yo de ellos por mi cuenta.

Además de despedirme a mí, Asapme despidió también a la trabajadora social del servicio, quién sabe si para intentar ocultar así su negligencia e incapacidad de comprender las necesidades de las víctimas de delitos, puesto que esta asistencia social hay que prestarla desde la realidad que viven estas personas; una realidad que ignoran los responsables de Asapme encerrados en sus despachos y aislados del mundo real, sumidos en su burocracia y ajenos en el fondo a la problemática que los técnicos atendemos a pie de calle, algo a lo que la DGA también es ajena subcontratando un servicio que debería prestar directamente ella y desentendiéndose de un colectivo indefenso y que difícilmente va a reclamar nada como son las víctimas.

Por supuesto, recurrí la decisión de la empresa y en la conciliación que hubo en el Servicio Provincial de Teruel de la Subdirección Provincial de Trabajo se me dio la razón y fue reconocida la improcedencia del despido. De poco me sirve que la Administración obligue a Asapme a indemnizarme por cancelar las relaciones laborales que tenía con ella, cuando lo preocupantes es el desinterés que existe tanto por parte de la empresa adjudicataria como de las Administración de Justicia por garantizar un servicio en condiciones de asistencia a la víctima, en donde tanto el auxilio psicológico como el social son fundamentales.

Administración pública y adjudicataria del servicio parecen preocuparse solo de cubrir el expediente desde unos lugares que no tienen contacto con la realidad, ajenos a ella y sumidos en una burocracia que, desde la DGA, parece una cuestión de desidia y falta de voluntad política, pero incomprensible por parte de una entidad como Asapme que en su Memoria de Responsabilidad Social presume de compromiso social y respeto hacia las personas empleadas y voluntarias.

En el tiempo que he trabajado para Asapme, puesto que antes este servicio estaba adjudicado a otras entidades, esta asociación no ha demostrado desde luego el más mínimo interés por garantizar unos derechos básicos a los trabajadores. A modo de ejemplo, la formación ha brillado por su ausencia, y lo de promover la seguridad, salud e higiene en el espacio de trabajo es algo que han ignorado por completo al no haber facilitado los equipos de protección individual (EPIS) y haberse desentendido de ello.

Entre los argumentos con los que han intentado justificar mi despido, declarado improcedente, está que no me incorporé de forma presencial al despacho los primeros días de la desescalada, cuando ellos ni se preocuparon en facilitarme medios de protección individual, e ignorando que seguí asistiendo esos días a las víctimas por teléfono y atendiendo su preocupación de evitar salir de casa.

Lo ocurrido es rocambolesco, como acusarme de atentar contra la Ley de Protección de Datos por llamar a las víctimas desde mi teléfono personal para atenderlas psicológicamente durante el estado de alarma en lugar de dejarlas desamparadas, como pretendía Asapme, con argumentos como que no se les ocurría qué urgencias podría haber, cuando no ha dejado de haberlas sobre todo en casos de violencia de género. Estaba clara la importancia de seguir asistiendo psicológicamente a las víctimas cuando la Audiencia Provincial tomó un acuerdo el 15 de marzo que decía lo siguiente: “El Servicio de Atención a la Víctima permanecerá en pleno funcionamiento, por lo que deberá permitirse el acceso a quien vaya a hacer uso del mismo”. Pero en cambio Asapme dio la orden a sus trabajadores de que no se diera asistencia psicológica y social a las víctimas porque no era algo ensencial. Esa decisión fue algo lamentable y preocupante -el haber desobedecido y seguido asistiendo a las víctimas fue una de las causas del despido, según me comunicaron-, y más en el caso de Teruel donde ni siquiera se informa a través del gestor de la oficina de asistencia a las víctimas de la situación de las trabajadoras.

Me gustaría pedir a la DGA, como profesional de la Psicología que se ha implicado en su trabajo durante estos 16 años, que sea consciente de la importancia que tiene la asistencia psicológica y social a las víctimas de un delito. Hacen falta equipos psicosociales completos de asistencia, y no solo para la violencia de género. Asuman directamente su gestión en lugar de desentenderse subcontratando a entidades ajenas a la realidad que fundamentalmente se financian con las subvenciones de la Administración, y eviten que se sigan recortando horas de asistencia y recursos. Si creen de verdad en políticas sociales, háganlo.

Blanca Villarroya Rodilla