Un jamonero de Bronchales hace un llamamiento en video a la compra de jamones de Teruel para salvar el trabajo de 9 familias de su empresa, afectada por los daños colaterales de la pandemia y el parón hostelero. Su pueblo, en plenos Montes Universales, tiene 380 habitantes. El dueño, Paco Nácher, cuenta con un tremendo compromiso por su pueblo las razones que le han llevado a seguir ahí, arraigado como una carrasca. Su historia, sus palabras, su voz… son la de miles de ciudadanos que habitan el mundo rural, la España vaciada a la que él hace referencia. Su video tiene calidad, igual que su producto; es profesional, explica al detalle el género, las posibilidades de corte, contiene regalos, honestidad y emoción. Claro, se viraliza y llega a todas partes… a las mayores ciudades españolas y también al extranjero. Recibe más de 3.000 pedidos en cuatro días; más de 8.000 mensajes por whatsapp; se le cuelga la web y tiene que cerrar la tienda virtual, donde muchos pedidos quedaron sin respuesta. Visto esto que ha sido capaz de hacer un solo productor con una campaña sencilla y directa, una se plantea por qué nuestra industria agroalimentaria no dispone aún de las herramientas digitales para llegar adonde haga falta. El principal problema es la falta de cobertura, aunque no el único. Hay ganas de consumir producto de calidad, manufacturado con valores y cariño, pero nos llevan la delantera muchos otros territorios cuyo posicionamiento digital está a años luz. Entrar en una tienda virtual de mantequilla ecológica gallega y tener el pedido al día siguiente en casa cuesta dos clics.

Pienso en esto mientras se anuncia, al fin, una inversión de 4.320 millones de euros para llevar a toda España la banda ancha ultrarrápida y 5G antes de 2025. Se supone que es un plan centrado en el reto demográfico, con prioridad para los pueblos de menos de 5.000 habitantes, y se ha presentado en Teruel, icono ya de la lucha contra la despoblación sobre el que todo pivota desde que Teruel Existe ronda Madrid. Falta por conocer la letra pequeña de estos planes, que a priori pueden suponer que tiendas como la de nuestro amigo de Bronchales puedan dar salida a sus productos sin que se le caiga la página web o mantener la presencia de otras muchos establecimientos turísticos o industrias en polígonos asfixiados por los problemas de la red. Conocer qué operadoras privadas tendrán acceso a esta financiación y si estarán dispuestas a ofrecer un servicio de calidad está por ver. Debería ser obligatorio por ley y fijarse en estos acuerdos en base a la igualdad de derechos de quienes habitan los pueblos. Se priorizarán las zonas despobladas para facilitar lo que, según el Gobierno central, supondrá un «clima inversor» que implicará un «efecto disruptivo». En teoría, esto es, una renovación radical. Y si ya le ponen, como Nácher, una la longaniza de regalo, arrasamos.

Eva Defior