Las asociaciones de Empresarios del Matarraña, Turismo Bajo Aragón y Maestrazgo Empresarios Turísticos denuncian lo que, a su juicio, supone un agravio comparativo respecto a otras provincias de Aragón y respecto al resto del tejido empresarial hostelero. A través de una rueda de prensa que, de forma online, ha tenido lugar este viernes por la mañana en el Hotel El Salt de Valderrobres, los empresarios han denunciado la situación de indefensión a la que se enfrentan los, al menos, 81 empresarios y propietarios de hoteles rurales del territorio que respaldaron un manifiesto que fue presentado el jueves y que se dio a conocer públicamente durante la mañana del viernes.
En dicho manifiesto denuncian que desde en los últimos meses se «ha legislado por y para Zaragoza» y que aunque desde octubre, cuando se efectuó un nuevo confinamiento por provincias, no se les ha obligado a cerrar, lo cierto es que en estos últimos meses se les ha obilgado a «dejar de trabajar». «Creemos que en Aragón se ha legislado pensando en la hostelería de Zaragoza y en los cafés, bares y restaurantes de las ciudades. No se ha tenido en cuenta para nada a los hoteles rurales», ha explicado Marta Ferrás, presidenta de los Empresarios del Matarraña. Durante la rueda de prensa se ha puesto de manifiesto que más de 500 familias dependen de esos 81 hoteles.
Los propietarios de este tipo de alojamientos han denunciado sentirse «profundamente olvidados» por todas las instituciones. Han explicado que, a pesar de tener unas características muy concretas y específicas, se les sitúa siempre bajo el mismo paraguas de la hostelería que, a su juicio, agrupa establecimientos tan diversos como bares, cafeterías, restaurantes, alquileres vacacionales y casas de turismo rural, entre otras. Por ello han criticado que sucesivamente las regulaciones que las distintas administraciones llevan a cabo, terminan aplicando los mismos decretos y las mismas medidas uniformes.
Los empresarios y propietarios han exigido a DGA y DPT la creación de una línea de ayudas directas y de subvenciones a fondo perdido para las empresas que tengan en el sector de hotelero su actividad principal, basándose en criterios como el número de empleados y el número de habitantes de la población. Al igual que, tal y como han apuntado, se ha hecho en otras autonomías. Han solicitado que se consideren especialmente las ayudas a fondo perdido, con los criterios de proporcionalidad y aplazamientos tributarios hasta el tercer trimestre. «Confinar la segunda provincia más despoblada de toda España, Teruel, viene a ser como decretar un cierre encubierto», ha explicado Ana Marta Romeo, de Hotel El Convent de La Fresneda. Muy críticos han sido también con las indemnizaciones. «Se está otorgando prácticamente la misma ayuda a una casa rural que a un hotel que emplea a 20 personas», ha añadido Ferrás.
De igual modo, han pedido la reducción de las cuotas de la seguridad social de todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, para fomentar que se reincorporen los trabajadores en ERTE tan pronto como sea mínimamente viable. También han solicitado a los ayuntamientos la reducción de impuestos municipales como el IBI. Han demandado poder llevar a cabo cambios de potencia eléctrica de manera excepcional durante el periodo de cierre derivado por el covid sin tener que esperar a que transcurran los 12 meses necesarios para permitir subir de nuevo la potencia a los valores anteriores. Por último, han pedido cualquier otro incentivo fiscal que permita la supervivencia de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
