Los 6 partidos del Ayuntamiento apoyaron una moción que excluyó a cargos de Guardia Civil. Se aprobó reforzar la seguridad y personarse en la causa
Los seis grupos políticos en el Ayuntamiento de Andorra -incuido el PP- aprobaron ayer en pleno un texto conjunto en el que exigen las dimisiones del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; y del Subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, por las «informaciones contradictorias» que transmitieron después de los sucesos de Albalate y la Villa Minera, que les llevan a concluir que «no se pusieron los medios necesarios». En un primer momento también se pensaba exigir el cese de altos mandos de la Guardia Civil como el General Jefe de Aragón, Ángel Crespo. Sin embargo, los seis partidos llegaron al pleno tras una reunión intensa con un texto en el que no aparecía el nombre de ningún mando técnico. Un hecho que motivó el enfado de los amigos de José Luis Iranzo. «Estamos un poco indignados porque exigíamos responsabilidades también desde el plano técnico y nos habían dicho que sí. Lo que nos ha quedado claro es que los amigos tenemos que seguir nuestro camino y cada uno que lleve el suyo. Tenemos que pedir responsabilidades a todo el mundo. Tenemos la gran ventaja de que somos gente libre y lo hacemos desde el corazón, porque se lo debemos a José Luis; a nadie más», dijo Javier Artigas. Los amigos de Iranzo han organizado una recogida de firmas que comenzará el sábado a las 16.30 en la plaza del Regallo.
Al finalizar, los concejales tampoco hicieron declaraciones y se marcharon rápidamente. Al parecer, PP y PAR se opusieron a exigir más dimisiones y el resto de partidos aceptaron para poder llegar a un acuerdo.
Piden que se cubran las plazas
En el acuerdo plenario también se pide a la Delegación del Gobierno acceso a toda la información pública sobre los hechos y a los informes que se hayan redactado con motivo de la investigación que no estén sujetos a secreto de sumario al tiempo que se exige al Gobierno de España que cree una comisión de investigación y que asuma las responsabilidades de todo tipo. La moción da el visto bueno a que el Ayuntamiento se persone en la causa como acusación popular.
Por otra parte, también se requiere al Ministerio del Interior que se completen las plazas vacantes de los cuarteles de la Guardia Civil y de las dependencias de la policía Nacional en la provincia; y se refuerce la plantilla de los equipos ROCA en el medio rural. «Reconocen» la labor que realizan las «exiguas» fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan cada día protegiendo a los habitantes de la provincia y a los que participaron en el despliegue una vez se produjo el triple crimen.
Asimismo, también se acordó condenar los asesinatos de Iranzo y los dos guardia civiles Victor Romero y Víctor Jesús Caballero; y el intento de asesinato de los dos heridos en Albalate, al tiempo que se traslada las condolencias, apoyo y solidaridad a sus familiares y amigos.
El acuerdo redactado por el Ayuntamiento de la Villa Minera se trasladará ahora a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y a todos los municipios del Bajo Aragón, Bajo Martín y la citada Andorra-Sierra de Arcos.
El detonante, la respuesta de Interior
El detonante para incluir un punto a la moción en la que se exigen las dimisiones fue la respuesta que el Ministerio del Interior remitió al consistorio esta semana. Ante la petición de que se abriera una investigación exhaustiva del dispositivo, el jefe de gabinete responde que «nada invitaba a pensar» que se trataba de Feher. «Es una respuesta llena de contradicciones», repitió ayer la alcaldesa, Sofía Ciércoles. La solicitud era conjunta con el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo y las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. La misma carta la recibió el sindicato UAGA, que había solicitado también una investigación.
«La carta dice que hasta después de los asesinatos del día 14 no se conocía la peligrosidad del asesino pero, sin embargo, nos han dicho en otras ocasiones que el dispositivo estaba previsto para el día 15 antes de que se produjeran los hechos», reflexionó. La misiva reitera que se usaron perros, medios aéreos y patrullas ciudadanas para localizar al delincuente, pero sin entrar en ningún tipo de detalle.
Además, recordó que el propio Subdelegado tuvo que rectificar sus propias declaraciones ya que aseguró que se había informado a los vecinos de la peligrosidad del fugitivo, cuando no era cierto.
La respuesta tampoco fue satisfactoria para UAGA. «Hay muchos datos que siguen llevándonos a pensar que los crímenes se pudieron haber evitado», dijo el abogado del sindicato, Pablo Martínez.
pepe dice
Parece ser que el teniente coronel jefe de la guardia civil de la provincia de Teruel manifestó que de los hechos en el bajo aragón, si no se enteraban en Madrid mejor.
No podemos olvidar el asesinato de Villafranca del campo , que según la prensa el autor de los hechos salió del país y quedando libre