Un total de 18 pueblos del Bajo Aragón Histórico recibirán ayuda económica para derribar viviendas en ruina o en mal estado. En total, el Gobierno de Aragón concederá 4,4 millones de euros a entidades locales a lo largo de toda Aragón para financiar actuaciones de derribo y así, a su vez, aumentar la disponibilidad de suelo urbano para construir nuevas viviendas.
En total, los pueblos beneficiados son: Seno (52.423,30 euros), La Hoz de la Vieja (27.979,98 €), Jarque de la Val (29.342,50 €), Josa (28.358,54 €), Maicas (22.771,03 €) Belmonte de San José (70.000 €), Azaila (59.311,26 €), La Portellada (14.036,22 €), Molinos (44.813,79 €), Ráfales (20.623,83 €), Cañizar del Olivar (30.824,50 €), Escucha (22.473,79 €), Arens de Lledó (29.643,50 €), Nonaspe (70.000 €), Castellote (35.386,90 €), Montalbán (67.462,71 €), Valdealgorfa (69.944,27 €), Torre del Compte (27.605,53 €) y Gargallo (24.981,02 €).
Las ayudas corresponden a los ejercicios 2026 y 2027 y se dirigen a localidades con menor desarrollo territorial y capacidad económica. La convocatoria cuenta con una dotación distribuida en dos anualidades: 2,2 millones para 2026 y otros 2,2 millones para 2027. La cuantía individual puede cubrir hasta el 100% del gasto subvencionable debidamente justificado, con un máximo de 70.000 euros por entidad.
Estas actuaciones buscan mejorar la salubridad, la seguridad, la estética y la funcionalidad de los núcleos urbanos rurales, dado que la eliminación de edificios deteriorados permite reducir riesgos para las personas y los inmuebles colindantes, además de contribuir a la regeneración de los cascos urbanos.
La convocatoria persigue también aumentar la disponibilidad de suelo, un recurso especialmente escaso en muchos pequeños municipios y cuya falta dificulta la llegada de nuevos habitantes. La iniciativa se enmarca en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación y en el Fondo de Cohesión Territorial.
Entre las novedades de esta convocatoria respecto a la de 2024 figuran dos criterios de valoración: la viabilidad técnica del proyecto y el hecho de haber recibido o no ayudas de esta Administración en años anteriores. Con ello se busca dar mayor puntuación a los proyectos que cuenten con visado del colegio profesional competente y favorecer una distribución territorial más eficiente de los fondos.