Más de 300 municipios aragoneses todavía no tienen clasificadas sus vías pecuarias. De ellos, 24 cuentan con tramos incluidos en la Red Nacional de Vías Pecuarias, que acaba de ser desarrollada mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de octubre. El mismo identifica los trazados que forman parte de esta red, integrada por más de 11.000 kilómetros en toda España. En Aragón se incluyen 13 vías pecuarias y cuatro pasos transfronterizos que suman más de 2.700 kilómetros.
Ecologistas en Acción denuncia esta situación y exige al Gobierno de Aragón que actúe para garantizar la conservación de las cabañeras. Explican que la nueva normativa llega más de 30 años después de la creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias mediante la Ley 3/1995, de 23 de marzo. Sin embargo, advierten de que alrededor del 10% de los trazados aragoneses incorporados a la red estatal ni siquiera están clasificados, el procedimiento administrativo más básico para identificar y proteger estos espacios de dominio público. La organización considera especialmente preocupante esta situación al tratarse de caminos seleccionados por su longitud, su uso trashumante y su valor histórico y cultural.
La entidad sostiene que estas carencias reflejan la falta de gestión del Gobierno de Aragón sobre el conjunto de las vías pecuarias de la comunidad, que alcanzan unos 12.000 kilómetros y ocupan alrededor de 50.000 hectáreas.
Exigen medidas para aplicar la nueva normativa
Ecologistas en Acción ha recibido con satisfacción la aprobación del real decreto, aunque insiste en que este avance legislativo debe traducirse en actuaciones concretas por parte del Ejecutivo autonómico, responsable de la administración y gestión de las cabañeras aragonesas.
Por ello, reclama al consejero de Medio Ambiente y Turismo que complete con urgencia la clasificación, el deslinde, el amojonamiento y la señalización de todos los tramos incluidos en la red nacional. También solicita reforzar la vigilancia frente a ocupaciones y cortes de acceso que puedan impedir el tránsito por estos caminos. La organización pide además que el Gobierno de Aragón proponga al Ejecutivo central la incorporación de nuevas vías pecuarias conectadas con la red estatal, tal como contempla la legislación vigente.
En este sentido, critica que, desde la aprobación de la Ley 10/2005 de Vías Pecuarias de Aragón, no se haya declarado ningún tramo bajo la figura de Vía Pecuaria de Especial Interés, pese a que esta herramienta de protección existe desde hace dos décadas. Insisten en la necesidad de crear un servicio específico de vías pecuarias dentro de la Administración autonómica, dotado de recursos suficientes para garantizar su conservación y gestión.
La entidad recuerda que estos caminos constituyen un patrimonio público fundamental para la trashumancia, pero también desempeñan una función ambiental como corredores de biodiversidad y conexión entre espacios naturales. Además, forman parte de la historia y las comunicaciones tradicionales del medio rural aragonés.
La organización considera que la nueva normativa estatal representa una oportunidad para revertir la situación de abandono que denuncia y avanzar hacia una red de cabañeras delimitada, continua, transitable y protegida.