PP y PSOE se enzarzan por el Decreto de las centrales eléctricas

Los diputados nacionales de los dos partidos defendieron ayer su posición en dos ruedas de prensa

Partido Popular y Partido Socialista se esforzaron ayer en defender sus posturas con respecto al reciente anuncio del borrador de Real Decreto por el que el Ministerio de Energía pretende limitar el cierre de las centrales eléctricas en España, que afectaría a la Térmica de Andorra. Mientras que el diputado del PP en el Congreso, Alberto Herrero, celebró el paso dado por el Ministerio y cargó contra los socialistas por no haberles apoyado, el socialista Ignacio Urquizu reiteró que el borrador de este documento, «decepcionante», no resolverá la situación de incertidumbre de la cuenca minera turolense e incidió en que el gobierno central no «ha escuchado» los planteamientos del PSOE. Ambos lideraron ayer dos ruedas de prensa en Alcañiz y Andorra para defender sus posiciones.

Herrero -que volvió a referirse a una propuesta que apoyaron en septiembre en la Cámara Baja PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos-, reconoció que el Real Decreto es muy genérico y que no se refiere concretamente al carbón. No obstante, subrayó que concretar detalles relativos al sector hubiese provocado dudas jurídicas en la tramitación. En ese sentido, cabe destacar que el Real Decreto, que todavía es un borrador, ha sido enviado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que tendrá que validarlo.

También reconoció que lo ideal hubiese sido sacar adelante un mecanismo con rango de Decreto Ley, es decir, una orden que partiera del parlamento con mayor respaldo político. «El plan A era ese, pero no contamos con el PSOE ni con Ciudadanos para sacarlo adelante, por lo que se ha tenido que recurrir al Real Decreto», señaló el calandino en la sede alcañizana de los populares.

Herrero volvió a enumerar los condicionantes que tendrá que cumplir una empresa eléctrica para cerrar una infraestructura: cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.

Pero para los socialistas estas condiciones no provocan cambios en la situación que atraviesa la central térmica de Andorra. La primera ya se contemplaba en la anterior normativa de cierre. «Además, en España hay infraestructuras energéticas suficientes para suministras tres veces a España», relató Urquizu. La segunda no sería aplicable al carbón ya que «la energía que se produce con carbón no es la más barata». Y con respecto a la tercera, el socialista recordó que la central andorrana no cumple con los objetivos medioambientales. De hecho, la térmica necesita una inversión de unos 190 millones de euros para mantener la actividad más allá de junio de 2020.

PNL sobre reserva estratégica

Para el PSOE, la solución es considerar el carbón como una «reserva estratégica nacional». Para ello, el grupo parlamentario socialista ha registado una Proposición no de Ley en el Congreso que se votará próximamente. «Las empresas solo invertirán si les garantizan que van a poder seguir quemando carbón hasta 2050, que es el horizonte real (lo marca el Acuerdo de París)», señaló Urquizu, que celebró una rueda de prensa en la sede del PSOE de Andorra junto al alcalde de Ariño, Joaquín Noé, el presidente del comité de la Térmica, Hilario Mombiela y el representante sindical de CCOO, Antonio Planas. El texto exige una normativa que contemple un mínimo porcentual de carbón en el Mix Energético (7,5%) anual.

Esta condición permitiría seguir trabajando en la reindustrialización y ganar tiempo para poder diversificar la economía de la zona. Además, la PNL también pide que se cumplan los compromisos del Plan del Carbón 2013-2018. Los 250 millones de euros destinados a infraestructuras llevan años bloqueados, del mismo modo que ese 7,5% en el Mix Energético que también contempla en Plan.

Por otra parte, el viernes pasado el grupo de Ciudadanos solicitó una auditoria «objetiva, independiente y exhaustiva» de la gestión de los fondos de reindustrialización. El pleno ya aprobó hace dos años una propuesta similar de Podemos.