Aprobada la ley de impuestos a las renovables que recaudará hasta 28 millones

Entre 26 y 28 millones de euros se recaudarán con la Ley de Creación de Impuestos Medioambientales sobre Parques Eólicos y Fotovoltaicos y de Modificación del Tributo sobre Alta Tensión, que se aprobó ayer en el pleno de las Cortes de Aragón. Destinará el 65 % de la recaudación al territorio afectado y a la lucha contra la despoblación. Salió adelante únicamente con los votos de los socios de gobierno PP y Vox y apoyos puntuales en algunos artículos por parte del resto de grupos. La oposición centró sus críticas en que la norma va a beneficiar a las grandes empresas. Este impuesto lo propuso el anterior gobierno de Lambán y lo asumió el de Jorge Azcón, pero se aleja del planteamiento inicial.

La Ley de impuestos a las renovables exhibió además las diferencias entre los socios de gobierno PP-Vox. Los diputados del PSOE, con su abstención al artículo 17, salvaron el gravamen a las plantas solares, después de que Vox rechazara la rebaja impulsada por los populares. Fueron rechazadas prácticamente todas las enmiendas de la oposición, y hasta del PAR, socios de gobierno, quienes acusaron a los socios de impulsar una ley «recaudatoria y no medioambiental» y de plegarse a los intereses de las grandes empresas energéticas, sin pensar en el impacto que los grandes proyectos pueden acarrear para los territorios.

El nuevo impuesto plantea exenciones para el autoconsumo y también bonificaciones para planes de interés autonómico, lo que supone una merma recaudatoria, con respecto a la previsión inicial, de 4 de los 20 millones presupuestados por la Consejería de Hacienda para este año. En este aspecto tampoco hubo entendimiento entre los socios de gobierno. Vox solo estaba dispuesto a dar luz verde al recorte pactado a la carga fiscal a los aerogeneradores. El PP tuvo que dar marcha atrás sobre no permitir la exención a las plantas solares previas a 2013 por las exigencias de su socio, ya que de lo contrario se hubiese negado en pleno a las exenciones al autoconsumo, como lo hizo el pasado lunes en la Comisión del dictamen.

Tal como explicó la popular Blanca Puyuelo, que estuvo al frente de la ponencia de esta ley, la norma bonifica la exención en función de la fecha de autorización hasta dos años y en un 50% las de autoconsumo sin excedentes o excedentarias con un límite, sometidas a evaluación ambiental. Además, la exención se aplica en el 99% a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, PERTES o proyectos tractores con especial relevancia para el territorio», ratificó Puyuelo durante la ponencia. Otro de los aspectos es que durante la tramitación de esta ley, los tipos impositivos se han reducido a la mitad con respecto al planteamiento inicial «por debajo de la media española», destacaba la coordinadora de la ponencia.

Puyuelo defendió que la ley marca unos impuestos ambientales «equilibrados y justos». Con respecto a la capacidad de recaudación, aseguró que al menos el 65% será para promover el desarrollo económico y luchar contra la despoblación. Para ello se contará con el 15% que establece la disposición adicional segunda y con el Fondo de Solidaridad de Aragón, que recibirá entre el 50% y el 90% de la recaudación neta de estos impuestos. «Ya les adelanto que se incrementará con el dinero recaudado por todos los impuestos medioambientales, también de agua embalsada y tenidos eléctricos, no solo con el dinero de las renovables», aseguró.

Por su parte el diputado de Vox, Fermín Civiac dijo que su partido puso «orden en el caos de las renovables». No obstante, reconoció que la ley tiene aspectos «mejorables». Acusó al «bipartidismo cedió a la presión del lobby fotovoltaico» con la salida adelante de la rebaja de impuesto marcada en el artículo 17, sobre el que Vox no quiso ceder.

«No frenará daños»

Toda la oposición ha coincidido en que esta ley «no frena los daños, ni protege los paisajes ni beneficia a los municipios, sino a las grandes empresas» y criticó la falta de debate y acuerdo durante su tramitación. De «decepción», «chapuza» y una «contradicción» en sí misma la tachó el PSOE, cuyo diputado Oscar Galeano denunció que el impuesto «no puede ser un mero instrumento de recaudación que compense los descuadres en las cuentas de las rebajas fiscales». Galeano criticó duramente la «improvisación» del ejecutivo de Azcón y el «fracaso» de toda la tramitación. «El PP ha sido abandonado por sus socios y están creado inseguridad en el sector», reprochó.

La diputada de Teruel Existe, Pilar Buj defendió que una ley medioambiental tiene que estar sacada para paliar los daños y para que la contaminación medioambiental no sea tal. Por eso considera que esta ley nace «de un grave error». «El dinero recaudado no va a air a los territorios que están siendo expoliados», denunció.

El diputado del PAR Alberto Izquierdo defendió que el impuesto debe revertir en el territorio el impacto ambiental. «Nos hubiese gustado repercutir la totalidad de los ingresos en el territorio y por supuesto a las zonas afectadas», dijo.

Chunta Aragonesista por medio de su representante José Luis Soro denunció que la ley quedó «amputada». «Han demostrado que no se creen la participación parlamentaria y que en esta ley al menos ni las audiencias legislativas ni las enmiendas han servido para nada», perdiendo la oportunidad de impulsar desde lo público las comunidades energéticas, la agrovoltaica y las híbridas. Auguró además «problemas de fraccionamiento».

Álvaro Sanz de Izquierda Unida dijo que la ley es «incoherente» y dejó ver «una confrontación abierta» en el gobierno. «Se ha aprobado una ley totalmente incoherente. Lo han hecho mal», dijo, preguntando al PP «¿de qué vale su voto?», ya que actuaron en contra de lo que hicieron en ponencia y en comisión. «El debate lo ha ganado Vox. Lo que han demostrado ustedes es incapacidad, falta de tutela y de timón», ratificó.