«Tenemos que ajustarnos el cinturón». Esta es la idea con la que comenzó el pleno del Ayuntamiento de Caspe, este jueves, con relación al debate y votación del Plan Económico Financiero (PEF). El incumplimiento de las reglas fiscales, de gasto y de la estabilidad presupuestaria obliga a la redacción de este documento para llegar a revertir la situación en 2027. El Consistorio superó en 1.587.921 euros el gasto permitido, según su nivel de ingreso, y la previsión de desequilibrio para 2025 es de 500.000 euros. La principal medida rectificativa presentada por el equipo de gobierno es el incremento de las diversas tasas municipales.
El concejal de Hacienda, José Miguel Albiac, apuntó que el problema es «estructural» por la gestión realizada en las anteriores legislaturas. «Ha subido el precio de todo y los ingresos, que son insuficientes, no se han subido al ritmo que lo ha hecho el IPC», señaló Albiac añadiendo que, además, entre 2021 y 2023 se incumplió con alguna de las reglas de gasto, fiscales o de estabilidad financiera. No obstante, la oposición recalcó que, en aquel periodo, el Gobierno eximió a los ayuntamientos de cumplirlas debido a la pandemia por la Covid-19.
PSOE, Somos Caspe, CHA y Vox coincidieron en que el plan presentado era «antisocial» debido a la merma de capacidad adquisitiva que iba a suponer para los vecinos. También afearon a los populares que no recortaran en el gasto en publicidad y comunicación, contratado por unos 3.000 euros mensuales. «La conclusión es que no se salva de pagar ni el tato, mientras que si redujeran el gasto en fotos se podrían evitar otras reducciones en subvenciones, como las del fomento de empleo, rehabilitación de fachadas o los convenios con asociaciones culturales y deportivas», indicó el portavoz de Vox, Germán Sanz, en un discurso más crítico de lo habitual.
Tras él, todos los grupos se unieron a sus palabras y fueron más allá, en un debate que se fue tensando con cada intervención. CHA presentó otra medida alternativa a las que contempla el PEF sugiriendo recortar un día de fiestas patronales, pasando de seis a cinco, para ahorrar entre 60.000 y 70.000 euros. «Las tablas que se nos han presentado se limitan a dañar al más débil», sentenció el portavoz aragonesista, Rafael Lumbreras.
6 meses para elaborar el plan
La notificación de la obligación de elaborar este plan llegó en enero, con la liquidación del presupuesto de 2024. Con este dato, el portavoz de Somos Caspe, Cristian Poblador, denunció que se ha tardado casi medio año en elaborarlo para «poder gastar según qué partidas, como la de festejos patronales, sin recorte alguno», increpó. El líder de la agrupación también le recriminó a la alcaldesa, Ana Jarque, que no recortase su salario, de 42.000 euros, ni que se redujeran o eliminasen las retribuciones a los concejales por asistir a plenos, juntas y comisiones, estipuladas en 175 euros por sesión. «Esto no es apretarse el cinturón, es desmantelar lo que funcionaba porque ustedes no son capaces de gestionarlo», añadió.
El Partido Socialista también criticó la gestión municipal contraponiendo el recorte en servicios como la ludoteca-guardería, las instalaciones deportivas o subvenciones municipales; al gasto en publicidad, propaganda y festejos a principio de año porque «no tenían intención de que fuera susceptible de recorte», coincidió el portavoz socialista, Abraham Martínez. El grupo también pidió que el equipo de gobierno dejara de «echar balones fuera» con justificaciones en la gestión anterior y que asumieran «responsabilidades».
Como ejemplo, Martínez señaló que en las cuentas de 2024 se calcularon mal los ingresos derivados del ICIO. «Ustedes contemplaron que este Ayuntamiento iba a recibir casi dos millones de euros, sin embargo, solo ingresaron 64.000 euros. Sin embargo, los gastos sí que llegaron a los 99.426,84 euros que fijaron en publicidad y propaganda. Creo que es momento de que escuchen a la oposición».
El concejal de Hacienda explicó que el plan representa una «hoja de ruta», ya que cada modificación que plantea debe pasar posteriormente por pleno. De este modo, intentó convencer a todos los grupos para que apoyaran el documento y evitar «medidas coercitivas mayores», dado que si en 2027 no se ha corregido el desequilibrio, los recortes «serán impuestos». Ningún grupo apoyó el documento y la votación no salió adelante con 11 votos en contra y 6 a favor.