El comité provincial de empresa de Sarga en Teruel pide al Gobierno de Aragón y a la propia empresa pública, a través de un comunicado, que se restablezcan los puestos de trabajo de las casetas y puestos de vigilancia de incendios. Así lo pusieron de manifiesto este martes tras dar a conocer una situación que, tal y como explicaron, viene provocada porque 27 de los 80 puestos de vigilancia que existen en todo Aragón no cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por lo tanto, se mantienen clausurados estos días. Dos de ellos afectan directamente al territorio. Uno de ellos es el puesto de Las Ventas de Valdealgorfa y otro el de La Picossa en Fuentespalda.
Todo ello tras la "preocupante situación" producida por la denuncia por incumplimientos de la ya citada ley y el Real Decreto 2177/04 sobre trabajos temporales en altura, afectando a 20 puestos de vigilancia en Teruel de 36 (55%). Por ello desde este Comité, reclamamos tanto a la Dirección de la empresa como a la Dirección General de Gestión Forestal, propietario de dichas instalaciones, que además de subsanar los incumplimientos normativos, ofrezcan una solución alternativa para que los/as trabajadores/as sigan realizando su trabajo que es fundamental para la protección del patrimonio forestal.
A través de dicho comunicado expresaron el pasado 28 de abril que comunicaron a la representación de los trabajadores por parte de la Dirección de la empresa Sarga que, de un total de 80 puestos fijos de vigilancia forestal en Aragón, existen 27 con deficiencias (18 de ellos calificadas de graves) que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todos ellos son instalaciones pertenecientes al Gobierno de Aragón. Esta situación, añadieron, afecta especialmente a los puestos de vigilancia de la provincia de Teruel que, de un total de 36 puestos 20 están afectados (55%), casi todos con incumplimientos graves. Vulnerando entre otras normas, el Real Decreto 2177/04 sobre trabajos temporales en altura, ya que 18 de ellos son torres metálicas de vigilancia con acceso mediante escalera vertical.
De los 80 puestos en total de la Comunidad Autónoma, 53 de ellos tienen la calificación de riesgos triviales o moderados y 27 como riesgo importante. Esta situación significa que, hasta que no haya una solución para el estado óptimo de los puestos de trabajo, los/as trabajadores/as afectados/as van a ver comprometido su trabajo. "La vigilancia es primordial. No contar con las torres de vigilancia operativas supone que un conato pueda convertirse en un incendio devastador. Pedimos una moratoria, que se contrate a esos vigilantes y que se actúe para adecuar esos puestos de trabajo", explicó Javier Ciprés, presidente del comité de empresa Sarga en Teruel. Desde dicho comité expresaron su "preocupación" porque este hecho constituya el primer paso, como en otras comunidades, en la eliminación de este colectivo del Operativo y la sustitución por otros medios de Vigilancia
Asimismo, calificaron como "pésima" la gestión de la Dirección de SARGA que lleva años de inacción provoca que 27 PFV, 54 personas, pueden no realizar su campaña este año debido a esta dejadez y a esta forma de actuar negligente. Que SARGA utiliza las características de los contratos de Fijo-discontinuo para ahorrar costes y maquillar una pésima gestión. Por todo ello, enfatizaron, solicitaron Que la empresavalore alternativas para realizar el trabajo para aquellos/as trabajadores/as que estén afectados por esta situación de la que no son responsables (vigilancia móvil, puesto alternativo de vigilancia...) y pidieron que se realice una planificación para la subsanación de las instalaciones denunciadas y/o en su caso, se solicite una moratoria a la inspección de trabajo.
La situación, señalaron, afecta especialmente a la provincia de Teruel, donde "deberían haber empezado" a trabajar al menos 4 puestos de vigilancia y no lo han hecho, teniendo en cuenta que todavía el periodo de actividad agrícola de quemas de vegetación con el consiguiente riesgo. "Están liquidando el trabajo de gente que vigila el monte. No tienen escrúpulos en dejar el monte sin vigilar además de que hay familias que viven en el medio rural y de este trabajo", añadieron, para concluir que el colectivo de PFV "no son esclavos forestales" y que "no admitirán" falta de rigor y compromiso, ni la precariedad endémica de este colectivo.