El juicio sobre las presuntas irregularidades contables del Consejo Regulador arrancó ayer con la declaración de los acusados
La Audiencia Provincial juzga desde ayer a tres exaltos cargos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, para los que la fiscalía pide tres años de prisión. Les acusa de apropiación indebida durante su gestión al frente del Consejo y solicita una indemnización de manera solidaria de 300.000 euros por la falta de control en compras y regalos, además de una multa cada uno de 6.000 euros.
El juicio comenzó ayer en Teruel en la primera de las tres jornadas en la que está previsto que declaren los acusados: Pilar Martín, expresidenta del Consejo entre 2009 y 2014; Clemente Garcés, exvicepresidente, y Fernando Guillén, exgerente.
La Audiencia Provincial deberá decidir si es cierto, tal y como recogió el juez instructor, Jerónimo Cano, que hubo un "descontrol del gasto en tarjetas, en pagos de regalos y en la financiación de viajes para asistir a ferias". El juez recogió en sus autos que la manera de operar presuntamente delictiva era registrar importantes gastos a través de la filial del Consejo, Promorigen, como una manera de descapitalizar el Consejo Regulador. Cuando las cuentas de la filial quedaban en negativo, la situación se solventaba reponiendo en efectivo desde el Consejo.
Javier Osés, abogado del exgerente, declaró ayer a los medios poco antes de comenzar el juicio que "nadie se ha apropiado de un duro" y restó importancia a que los gastos se facturaran con una u otra empresa. Recalcó que los regalos que se hacían eran "para cumplimentar con la labor" del Consejo, tal y como es en "cualquier empresa". Los abogados de Pilar Martín y de Clemente Garcés destacaron también la inocencia de sus defendidos y confiaron en que se demostrará a lo largo de estos días.
Pilar Martín negó que los miembros del Consejo tuvieran sueldo o teléfono móvil que asumía el organismo. Concretó que ella sí dispuso de una línea que dejó de utilizar. Además, especificó que durante su mandato cumplió el objetivo de reducir el presupuesto de 1,4 millones de euros a 700.000. Añadió que en su etapa redujo de 100 a 70 euros las dietas de presidencia y que eliminó todos los gastos de protocolo que tenían que ver con regalos anuales que recibían los vocales del consejo. En cuanto a la contabilidad, aseguró que existían libros de actas que ella entregó a su sucesor.
Garcés, el segundo en declarar, añadió que les tocó gestionar una etapa "muy dura" que coincidió con la crisis y que las cuentas estaban tuteladas por el propio Gobierno de Aragón.
Con respecto a Promorigen, tanto Pilar Martín como Clemente Garcés negaron que estuviera en "quiebra técnica". Martín puntualizó incluso que la financiación de esta entidad procedía de subvenciones destinadas a la promoción del Jamón y de dinero procedente del Consejo Regular.
El último en tomar la palabra fue Fernando Guillén, que justificó que los "sobresueldos" a los que se refería el auto eran pagos a los trabajadores del Consejo por la labor que desarrollaban, además, en Promorigen. Los tres acusados explicaron que el gerente pagó con tarjeta de crédito gastos correspondientes a la asistencia a ferias.
En la jornada de ayer declararon, además de los acusados, varios testigos y miembros del consejo. Concretamente, siete de los 15 previstos. Las declaraciones continuarán hoy. Según adelantó Osés, también está previsto que hoy haya pruebas testificales relacionadas con "imputaciones anteriores que hubo en la causa".
El caso que ahora se juzga llegó a tener una veintena de imputados durante el proceso de instrucción, incluyendo todos los miembros del Consejo Regulador en el periodo juzgado, además de personal del Consejo, de la gestoría que llevaba las cuentas, así como políticos como el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Teruel entonces, Antonio Arrufat y Francisco Abril, por la concesión de subvenciones.
La imputación del primero provocó la dimisión del socialista como delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, cargo en el que fue repuesto cuando se archivó la causa contra él.
Las irregularidades en la gestión económica del Consejo salieron a la luz tras las desavenencias internas del Consejo que denunció públicamente el presidente que relevó a Pilar Martín en el cargo, Eugenio García, y después en la Policía.
La dimisión de la mitad de los miembros del Consejo en 2014 dejó a García sin la capacidad de gobernar y el Gobierno de Aragón nombró una gestora hasta que se produjeron elecciones, al tiempo que se realizaba una auditoría de las cuentas.
De las siguientes elecciones no salió presidente y se eligió uno con el que se quería apaciguar las aguas, Carlos Mor, ajeno al sector jamonero.
El presidente nombró a un nuevo gestor con un marcado perfil técnico, Ricardo Mosteo, que luego asumiría el cargo de presidente, ambos cargos que sigue ostentando en la actualidad.