DGA agilizará los trámites para las empresas que se instalen en la cuenca minera

Sindicatos y Ministerio se reúnen en Madrid para buscar alternativas al cierre de las térmicas españolas en 2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un proyecto de decreto-ley con medidas urgentes que permitirán agilizar la declaración de interés general de planes y proyectos. Este decreto-ley, promovido por los departamentos de Economía, Industrial y Empleo, y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, establece medidas administrativas que contribuirán de forma decisiva a simplificar la tramitación de inversiones empresariales relevantes para los intereses generales de Aragón y, en especial, de aquellos proyectos que se desarrollen en las comarcas y municipios mineros. Estas medidas no sólo servirán para adaptar la economía regional a los nuevos modelos globales de economía y empresa, sino que propiciarán la implantación de importantes proyectos, mediante una tramitación ágil, sencilla, optimizada, simultánea y simplificada.

A través de este decreto-ley, el Gobierno de Aragón, además de ofrecer medidas que puedan favorecer un futuro en los municipios afectados por el inminente cierre de las minas de carbón, da respuesta al cada vez mayor número de inversores que se interesan por la Comunidad Autónoma para desarrollar sus iniciativas empresariales. Los inversores apuntan a la agilidad administrativa, la concreción de los procedimientos y la capacidad para acortar plazos de tramitación y resolución administrativa, entre las variables decisivas para elegir el lugar en el que desarrollan sus proyectos.

El proyecto de decreto-ley plantea dos modificaciones legislativas sustantivas que tienen como finalidad esencial evitar el carácter redundante de la declaración como inversión de interés autonómico y la declaración de interés general que se regulan en las dos normas legales autonómicas para, de esta forma, agilizar la tramitación de aquellos proyectos y planes relevantes que vayan a desarrollarse en nuestro territorio.

De esta forma, en la tramitación de importantes proyectos empresariales que quieran desarrollarse en la comunidad autónoma bajo la forma de planes o proyectos de interés general de Aragón, el proyecto de ley introduce cambios en la normativa que regula la declaración de inversiones de interés autonómico y la declaración de interés general, de modo que, previa solicitud de informe del Departamento competente en materia de ordenación del territorio, la declaración de interés autonómico de una inversión pueda implicar la declaración de interés general conforme a la normativa de ordenación del territorio.

No se trata, de reducir el rigor exigible en Aragón para otorgar dichas declaraciones, sino de exigirlo de forma más eficaz y eficiente, más sencilla, más clara, sin redundancias innecesarias y evitando en la mayor medida posible trámites sucesivos.

Simplificación de trámites

Este nuevo proyecto de decreto-ley se suma a los proyectos y medidas de simplificación administrativa que viene desarrollando el Gobierno de Aragón en los últimos años. El Plan de Gobierno correspondiente a esta legislatura incluye la simplificación administrativa como una medida específica de varios departamentos autonómicos, al igual que el Plan General de mejora de la calidad de los servicios públicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2019.

La normativa aragonesa vigente contiene disposiciones legislativas que inciden en la necesidad de simplificar, homogeneizar trámites y reducir sus plazos para evitar trabas innecesarias al desarrollo económico de nuestra Comunidad y permitir, además, que la administración responda de manera más ágil e inmediata a las demandas de la sociedad. Es el caso de la declaración de proyectos vinculados al desarrollo de energías renovables o de la industria agroalimentaria como inversiones de interés autonómico, facilitando la tramitación y agilización administrativa de sus procedimientos.

Por otra parte, los planes y proyectos de interés general han servido y están sirviendo, como antes lo hacían los proyectos supramunicipales, para canalizar grandes inversiones. Un ejemplo claro de ello es el Plan de Interés General (PIGA) de la plataforma agroalimentaria que la empresa de transformación cárnica BonÀrea abrirá en la localidad zaragozana de Épila.

Sin perjuicio de la utilidad de estos instrumentos, el Ejecutivo autonómico pretende mejorarlos para responder a las necesidades de la situación económica actual y, sobre todo, para atender a la situación económica y social de una parte de nuestro territorio –las comarcas mineras de Aragón- que pueden verse afectadas con especial intensidad.

En línea con este objetivo estratégico, se han aprobado recientemente por el Gobierno de Aragón los proyectos de ley de Fomento del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón y de Economía Social de Aragón que han sido remitidos para su tramitación a las Cortes de Aragón; proyectos legislativos que han incluido en sus textos importantes medidas de simplificación normativa, en este caso, con objeto de facilitar la constitución de empresas y el inicio o mantenimiento de su actividad, eliminando duplicidades y trabas administrativas innecesarias.

Los sindicatos presentan sus propuestas ante el cierre de las térmicas

Los representantes de los sindicatos del sector energético de CCOO y UGT-Fica se han reunido este miércoles con el Ministerio de Transición Ecológica para analizar las consecuencias del cierre de las térmicas españolas y para buscar soluciones ante el fin del carbón en junio de 2020. En este sentido, los sindicatos han presentado algunas propuestas para minimizar el impacto del cierre de las centrales y se han emplazado a una reunión, que todavía no tiene fecha, para seguir estudiando las alternativas.

Las propuestas presentadas por los sindicatos han sido tres. Por un lado, han vuelto a insistir en la necesidad de buscar alternativas para las zonas mineras españolas que puedan hacer realidad la «reconversión industrial de las comarcas». También han exigido seguridad laboral para los trabajadores de las contratas, para los que plantean ofrecer formaciones relacionadas con las alternativas que puedan implantarse en las zonas mineras. «Las empresas auxiliares deben tener un compromiso con estos trabajadores y hemos planteado que el Ministerio les obligue a ofrecer formaciones especializadas para estos empleados», ha explicado Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel.

La tercera propuesta de los sindicatos busca crear «mesas regionales» en Aragón, Asturias y Castilla y León, compuestas por las diferentes instituciones implicadas y agentes sociales, que se encarguen de buscar alternativas específicas para cada una de las zonas mineras afectadas por el cierre de las centrales térmicas.

De la misma manera, sindicatos y Ministerio se han emplazado a una próxima reunión, que todavía no tiene fecha, en la que se volverá a insistir en la seguridad laboral para los trabajadores de las empresas auxiliares de las centrales. «Es momento de buscar alternativas para este colectivo y debemos pensar que los empleos que se van a generar en el futuro no tendrán nada que ver con los que hay ahora, por lo que será necesaria una formación que les ofrezca habilidades para estos nuevos trabajos», ha insistido Galve. Al mismo tiempo, los sindicatos se han comprometido a ofrecer, en la próxima reunión, la cifra exacta de trabajadores de las empresas auxiliares que hoy en día dependen de las centrales españolas.