La DPT, desbordada con más de 100 solicitudes en su plan de vivienda social

La escasez de viviendas disponibles para alquilar en el medio rural es un problema enquistado y que se repite en muchos municipios del medio rural. Esta situación se agrava en las pequeñas poblaciones. La mayoría de los inmuebles vacíos se encuentran en los casos urbanos, y muchos de ellos muestran claros signos de deterioro y degradación. «En muchas ocasiones solo hay disponibles viviendas de alquiler que no se adaptan a las necesidades actuales, bien porque tienen una habitación en cada planta, solo tienen un aseo en el patio, o los accesos son a través de calles estrechas por las que no caben los coches», describe la alcaldesa de Albalate del Arzobispo, Isabel Armas.

Esta falta de oferta de vivienda dificulta el asentamiento de jóvenes y futuros vecinos a pesar de contar con ofertas de trabajo en la zona, convirtiéndose en una verdadera preocupación para muchos consistorios. Para tratar de remediar esta situación la Diputación Provincial de Teruel publicó este verano un programa de ayudas para municipios de hasta 5.000 habitantes para la adquisición, conservación, rehabilitación y adecuación de viviendas municipales para su alquiler social o destinadas a fines sociales. Inicialmente este plan estaba dotado con un millón de euros. Sin embargo, la institución se ha visto desbordada por la cantidad de peticiones recibidas. En total 119 municipios ha presentado sus solicitudes para optar a estas ayudas, pero la partida inicial solo podía atender a 34 de ellas.

Ante esta situación, la DPT ha aprobado en un pleno extraordinario, celebrado el viernes, la ampliación de la partida presupuestaria de estas ayudas con las que cubrir el 100% de las solicitudes. «Con esta modificación llegaremos a los 3,3 millones de euros, y así podremos atender a todos las solicitudes que han llegado, en definitiva, supondrá una inversión de casi 6,5 millones de euros, de los cuales la Diputación se hará cargo del 50%», anuncia Antonio Pérez, diputado de Agricultura y Ganadería. El resto de la inversión correrá a cargo de cada consistorio, que en función del número de habitantes que tuviera censados a fecha de 1 de enero de 2020 podrá disfrutar de un porcentaje de subvención de entre el 60 y el 80%. La DPT ha priorizado a los pueblos con menos población, «entendemos que los municipios más grandes tienen más recursos, por lo que les hemos dado un menor porcentaje de ayuda para poder llegar a más pueblos», asegura Pérez.

Los 34 municipios beneficiarios de la primera partida presupuestaria deberán justificar la adquisición o rehabilitación de los inmuebles antes del 31 de diciembre. Por su parte, las solicitudes financiadas con la ampliación tendrán de plazo hasta noviembre de 2022.

Si finalmente todas las peticiones salen adelante se van a poner en el mercado 119 viviendas más en la provincia en poco más de un año, cuya remodelación repercutirá también en las empresas locales porque muchas de las actuaciones se pueden realizar por contratos de obra menor. La Diputación quiere contar con un presupuesto similar al año que viene para la próxima convocatoria, en la que tendrán prioridad aquellas poblaciones que no han concurrido en esta edición, y así llegar a más localidades. «Dada la buena acogida, lo lógico es que al año que viene pongamos una buena partida para que se puedan beneficiar más municipios», afirma el diputado.

Análisis pueblo a pueblo comarcal

La Comarca del Bajo Aragón está realizando un estudio socioeconómico sobre la vivienda, industria y servicios. Y en su análisis han detectado que muchas localidades no tienen suelo urbano dispone, «si no modifican el plan general urbano no hay solares para poder construir», asegura Luis Peralta, presidente de la Comarca, que también señala que en los municipios que sí que hay inmuebles estos están muy deterioradas, y en muchos casos no se pueden comprar para volver a edificar «por problemas entre los herederos» Muchos municipios ya han empezado a poner en marcha planes de vivienda social, gracias a fondos autonómicos y provinciales; este es el caso de La Mata de los Olmos, donde en breve comenzará la construcción de tres nuevas viviendas unifamiliares destinadas para alquiler. El proyecto se financia al 50% con el Plan de Obras y Servicios (POS) de la DPT, el resto lo asumirá el Ayuntamiento. «Queremos dar la posibilidad de que quien esté interesado en quedarse tenga opciones de un alquiler asequible», explica Silvia Gimeno, alcaldesa de la localidad, que espera que las viviendas estén listas para la primavera-verano del año que viene.

Viviendas municipales

La localidad de Arens de Lledó dispone de 4 viviendas de propiedad municipal destinadas al alquiler, una de ellas es la antigua residencia del médico. Este municipio ha sido uno de los que ha solicitado las ayudas a la Diputación para comprar un inmueble del que habilitarán dos viviendas más. «Esta compra la vamos a hacer sí o sí, tanto si nos llega la subvención como si no, sino la haremos con fondos propios», asegura Xavi Cortés, alcalde del municipio que explicó como han visto incrementada la demanda de vivienda de alquiler tras la llegada de nuevos residentes procedentes de países de la Unión Europea.

Sin embargo estas iniciativas no son algo nuevo sino que llevan años desarrollándose en distintos pueblos como en La Portellada, que adquirió un terreno para construir viviendas municipales. Después del éxito de esta primera acción, el consistorio quiere repetir tras registrar un aumento de la demanda a raíz de la pandemia, aseguró su alcaldesa Gloria Serrat.

La misma situación se ha producido en La Codoñera, donde hace años se habilitaron unas parcelas para convertirlas en viviendas en función de la demanda. Ahora además de tener demanda por parte de trabajadores y vecinos el consistorio quiere aprovechar las distintas subvenciones que han puesto en marcha las administraciones para fomentar la construcción de viviendas sociales destinadas a asentar población. Precisamente este objetivo es el que buscan todos los municipios.

Otros municipios están desarrollando bolsas de vivienda a través de los ayuntamientos para unir la oferta privada con la demanda. En La Puebla de Híjar, por ejemplo, se creó en 2017 un espacio en la web municipal para solicitudes de alquiler y son ellos los que hacen de intermediarios con los propietarios. «Queremos potenciar el alquiler comprometiéndonos a ayudar a los propietarios para que no suponga un perjuicio para sus inmuebles, ya que las propiedades pierden valor si no se invierte en ellas», detalla Pepe Álvarez, concejal de Vivienda.