El Ayuntamiento de Caspe aprobó por unanimidad en pleno de este jueves una declaración institucional en contra del proyecto de almacenamiento de CO2, que ha solicitado estudiar en el terreno la empresa andaluza Carbon Storage Caspe, SL. El acuerdo se opone al permiso de investigación solicitado por la empresa y denominado Caspe-Mayals, en el área del término municipal de Caspe. Cabe recordar, que el subsuelo que se pretende estudiar supera las 17.000 hectáreas y alcanza también a los términos de Maella, Fabara y Nonaspe.
De esta forma, el Consistorio caspolino se opone firmemente a ser un almacén subterráneo de dióxido de carbono, algo que ya habían manifestado al adelantar a La COMARCA que se van a presentar alegaciones contra dicha solicitud. Por su parte, el Gobierno de Aragón, que es el órgano concesor del permiso, aseveró el el pasado viernes en Cortes que no se autorizará el proyecto si la población está en contra, como respuesta a las preguntas trasladadas por el Partido Socialista y Chunta Aragonesista.
Subida del coste del agua
En otro orden de asuntos, el pleno caspolino también aprobó una subida del 4,3 % de la tasa de suministro de agua potable. El equipo de gobierno argumentó que, por contrato, la empresa concesionaria que es Aqualia puede solicitar un aumento en base al IPC. "La tarifa del servicio doméstica pasa de 10,90 a 11,37 euros al trimestre", ejemplificó el concejal de Hacienda y Urbanismo y Obras, José Miguel Albiac. Asimismo, el coste por el alcantarillado se mantiene en la misma cuota por lo que sube en la misma proporción, presentando un incremento trimestral de dos euros.
La oposición expresó su reticencia a la subida que, si bien coincidieron en la importancia de cumplir el contrato, plantearon la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien asuma el incremento y no el "bolsillo de los vecinos", que ya afrontan una subida del 2,7 % que se aprobó en 2025. Tanto Vox como Somos Caspe, además, señalaron que el contrato también existe la posibilidad legal de modificar el contrato. CHA recordó que desde 2011 se está abonando el coste del alquiler del contador de agua y su mantenimiento, cuando el equipo no lo compró la empresa. El PSOE, además, aprovechó para afear que el proyecto de la potabilizadora todavía no haya avanzado, después de que se retirara la licitación para reformular la financiación de la misma.
Los populares defendieron la subida señalando el incremento de los costes de la cesta de la compra y los materiales, y reconocieron que la licitación de la potabilizadora se ha retrasado, pero que se sigue trabajando en ello. La actualización de la tasa salió adelante con 11 votos a favor de PP y PSOE, y 4 en contra de Somos Caspe, CHA y Vox.
Actividad funeraria en los polígonos industriales
Por otro lado, la corporación asimismo aprobó por unanimidad una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para avanzar en la autorización para desarrollar actividad funeraria en los polígonos industriales del término municipal.
Tal y como explicó el equipo de gobierno, actualmente no está permitido y hay algunas propuestas privadas que ya han manifestado su interés de emprender en este sector y en dichos enclaves. Sobre urbanismo, también se aprobó por unanimidad el proyecto definitivo de reparcelación de la unidad 36 de las Playas de Chacón, en el que se lleva trabajando desde 2018.
Comisión de infravivienda
A seis meses de la finalización de la actual legislatura, en el último pleno se impulsó la creación de una comisión de infravivienda, que constituyó uno de los compromisos adquiridos por los populares en el pacto de presupuestos para 2026 con Somos Caspe. El órgano estará destinado al estudio, diagnóstico y seguimiento de las situaciones de infravivienda existentes en el municipio, así como el análisis y formulación de propuestas (37:02) dirigidas a su prevención, corrección y reducción.
Lo conformarán cuatro concejales del PP, tres del PSOE, dos de Somos Caspe, uno CHA y uno Vox. Todos ellos renunciarán a la percepción de la retribución por cada comisión que se convoque, que se reunirá con una frecuencia ordinaria trimestral, a excepción de las sesiones extraordinarias que puedan sobrevenir.
Todos los partidos coincidieron en la necesidad de vigilar el empadronamiento y la sobreocupación de viviendas, pero los socialistas apuntaron la poca efectividad de este órgano, a medio año de las próximas elecciones municipales. La comisión se aprobó con 10 votos a favor y 5 abstenciones del PSOE.
Tras varios plenos con el Reglamento de Policía Local pendiente para aprobarse, en este último, ya se ha podido presentar el acuerdo tras haber pasado por el periodo de exposición pública reglamentario. Se desestimaron todas las alegaciones menos una que se ha incorporado al acuerdo, aprobado por unanimidad.