El Real Decreto para la continuidad de la Térmica sigue sin ver la luz

UGT pide al Ministerio que el nuevo mecanismo contemple la expropiación de las centrales si las eléctricas no quieren invertir

El sector minero continúa esperando el Real Decreto que el Ministerio prometió en mayo para garantizar el futuro de la Central Térmica de Andorra y la actividad minero eléctrica en la cuenca minera. El viernes terminó el plazo de consultas que inició Madrid para pedir opinión sobre la situación a agentes políticos y sociales y, tanto DGA como el sindicato UGT, han remitido ya sus argumentos en defensa de la continuidad de la infraestructura más allá de 2020.

Ambos coinciden en los motivos principales. El más destacado es que el carbón autóctono es uno de los recursos que garantiza la independencia energética del país. Por ello, subrayan que, si llegado el caso, Endesa solicita el cierre, el Ministerio podría denegárselo. Por supuesto, consideran indispensable que la infraestructura se adapte a la normativa ambiental para seguir adelante y, para apoyar la inversión a la que debe hacer frente Endesa -de 190 millones de euros aproximadamente- plantean una serie de medidas como serían las ayudas por capacidad o el establecimiento del 7,5% de carbón autóctono en el Mix Energético. Esta última, pese a no haberse cumplido, es una condición que ya incluye el Plan del Carbón 2013-2018 acordado entre gobierno Central, sindicatos y patronal hace ahora cuatro años.

Cabe recordar que el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció un mecanismo antes del verano para regular la situación y zanjar la incertidumbre que en las cuencas mineras genera el futuro de las térmicas de carbón. Defendió la quema de carbón autóctono e incluso definió un plan para conseguir aprobar el esperado Real Decreto. Primero, el Gobierno lo intentaría con consenso. Si no era posible, lo haría en solitario.

No obstante, el tiempo ha pasado y lo único que ha trascendido han sido dos preguntas que Madrid ha puesto sobre la mesa para, al parecer, terminar de elaborar el texto: ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad de suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

A la primera, DGA puntualiza que no se puede buscar un criterio homogéneo para las centrales nucleares, las térmicas de carbón, las hidroeléctricas, las eólicas, las fotovoltaicas o los ciclos combinados y recuerda que existe la obligación de inversión. UGT se remite a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para añadir que «deben mantenerse operativas las centrales necesarias para conseguir el funcionamiento de unidades de producción de energía eléctrica que utilicen o puedan utilizar fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta un límite del 15 por ciento de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en períodos anuales».

Con respecto a la segunda cuestión, DGA y UGT recalcan que el Gobierno de España podría denegar la solicitud de cierre. «Si el Operador del Sistema (Red Eléctrica Española, REE) considera que la continuidad de una central es necesaria para el Sistema, el Ministerio puede denegar la solicitud de cierre», dice el ejecutivo autonómico basándose en la normativa vigente (Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre).

UGT va más allá y habla de expropiación. «El futuro Real Decreto ha de disponer y preparar los medios para que la reiteración de infracciones que pongan en riesgo la prestación del suministro eléctrico,dé lugar a que el Gobierno acuerde la operación directa de las instalaciones de generación afectadas», explica el sindicato en nota de prensa.

Tanto el Gobierno de Aragón como UGT recuerdan la gran repercusión que para la economía de toda la provincia tiene la actividad minero-eléctrica. Inciden en que genera en torno a 3.500 empleos directos e indirectos en un territorio con una de las menores densidades de población en Europa.

«Tan escépticos como al principio»
La consejera de Industria del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, lamentó el viernes que todavía no se haya hecho efectivo el Real Decreto que el Ministro anunció en mayo. «Pasaron más de dos meses y seguimos a la espera de que con nuestras aprotaciones y las del resto salga al menos un texto en firme. Nosotros lo vamos a apoyar. No obstante, seguimos siendo tan escépticos como al inicio del verano», señaló Gastón durante el consejo de Administración de Motorland Aragón que tuvo lugar el pasado martes.

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