Fadi Aalaqan, refugiado en Vinaceite: «Necesito sacar a mi familia de Gaza»

TESTIMONIO. Tras años de trámites sin avances, el joven ya «no sabe qué hacer» y pide ayuda. Su padre, hermanos y sobrinos viven desplazados en campamentos, y su madre está enferma
Publicado por Beatriz Severino el 13 de agosto de 2025

Las imágenes del teléfono móvil de Fadi Aalaqan componen una descriptiva cronología de lo que está siendo el devenir de Gaza en los últimos meses. Desde España sigue las noticias de primera mano a través de las fotografías que le envía su propia familia, la misma con la que lleva años intentando reunirse. «Lo único que quiero es que alguien me diga qué tengo que hacer y yo lo haré, no pido nada más», dice. Todavía no se desenvuelve con soltura en el idioma y cuenta su historia con ayuda de su esposa Verónica Rojas, de origen colombiano. «Cuando vine, él no hablaba nada de español y ya llevaba un tiempo en el país. Le falta por aprender pero enseguida lo captó, lo habla y lo entiende», dice ella en alusión a las carencias que denuncia que padeció su marido desde el inicio en su acompañamiento en España como refugiado.

Aalaqan (1991) nació en Gaza, en Jan Yunis, y hace seis años salió de la ciudad de Al-Qarara en la que vivía. Lo hizo huyendo de un conflicto entre Israel y Palestina siempre activo desde hace décadas, aunque mucho más cruento desde el 7 de octubre de 2023 cuando estalló la guerra que se recrudece cada vez más. De Al-Qarara no queda mucho en pie, la casa y el restaurante familiar son escombros y la familia de Fadi sobrevive separada y desplazada en campamentos junto al mar. En Gaza dejó a su padre, a sus dos hermanos -que eran menores en ese momento y confían en que se tenga en cuenta para la reunificación- y a sus tres hermanas. Dos de ellas y un hermano tienen niños «a los que cada vez es más difícil alimentar». Su madre está enferma en Egipto junto a la frontera donde recibe las transfusiones de sangre que necesita. «A enfermos crónicos en el inicio de la guerra los evacuaron con un acompañante. Está con una hermana, pero las dos solas en una casa compartida con mucha gente», dice Verónica.

Siete meses después de huir de Gaza, Fadi entró en España por Melilla. En la travesía «sufrió incluso encarcelamientos» y muchos compañeros quedaron en el camino. «El grupo grande con el que salí se fue haciendo más pequeño, muchos morían», dice. Algunos llegaron a Bélgica y sí han podido trasladar a su familia y reanudar su vida en su país de acogida. Fadi fue incluido en el programa de acompañamiento cuando llegó con dos organizaciones diferentes. Tras Melilla fue trasladado a Guadalajara seis meses a pisos compartidos, luego pasó otros tres en dos pueblos de la provincia de Soria. En busca de trabajo pasó por León, Francia, Zaragoza y hace unos meses se instaló en Vinaceite. Su esposa ya conocía el Bajo Martín por trabajo como empleada doméstica en algunas viviendas y ayudante de cocina en un restaurante. Por mediación de un vecino de Híjar, Fadi consiguió trabajo en una granja de cerdos y se establecieron en el pueblo.

A los seis meses de estancia en España y cuando había obtenido su primer permiso de trabajo, estalló la pandemia. «Todo se ralentizó y paralizó, y formación que debían haber recibido para reinsertarse no la recibieron, por eso no conocía ni el idioma que es lo primero, y eso le trajo problemas en varios trabajos en los que le engañaron y pagaron lo que quisieron», añade Rojas. Esto y el bloqueo administrativo sumió a Fadi en una depresión con pensamientos suicidas. Hasta entonces, el joven había ido encadenando empleos al tiempo que trataba de avanzar en los trámites para traer a su familia pagando a abogados. «Fadi no ha tenido el acompañamiento adecuado y desconocía muchas cosas a las que tenía derecho como un buen asesoramiento. Le llegaron a solicitar el pasaporte de su familia, pero ¿dónde se lo van hacer si están en guerra? Han medido su caso como el de cualquier ciudadano», lamenta ella. «Nos piden el certificado como que no pueden obtener los pasaportes y la embajada no responde», dicen. El caso está en el Servicio de asistencia y orientación jurídica al inmigrante (SAOJI) del gobierno central, desde donde tratan de que no se cierre. «Nos dicen que debemos hacer el traslado desde España con una fundación de derechos humanos; estamos buscando pero ya no sabemos qué hacer», dicen.

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