Guitarte se muestra crítico con el Defensor del Pueblo por eludir las desigualdades territoriales y la implantación de renovables

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha trasladado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, su decepción por la ausencia de la problemática de la desigualdad de derechos provocada por la brecha socio territorial y los efectos de la despoblación en el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante 2021, durante la exposición del mismo en el Congreso de los Diputados. Asimismo, le ha transmitido su sorpresa ante la respuesta recibida por una queja del movimiento ciudadano Teruel Existe sobre la falta de planificación en el despliegue de renovables.

El diputado turolense ha recordado que desde la agrupación de electores han venido solicitando una atención específica a los problemas de los desequilibrios territoriales y la despoblación, «dado que provocan una desigualdad en el ejercicio de derechos entre los ciudadanos, como consecuencia de su lugar de residencia y de la brecha territorial». Guitarte ha explicado a Gabilondo que la acción del Estado no es igual ni produce los mismos derechos, oportunidades y prestación de servicios para los habitantes de las áreas metropolitanas que los que brinda para los residentes en las áreas despobladas, pero «el informe no lo trata, ni recoge las quejas que le han llegado bajo este denominador común en un epígrafe».

Por este motivo, desde Teruel Existe han rogado al Defensor del Pueblo que en el siguiente informe anual se afronte esta brecha de desigualdades en derechos, recordando las conclusiones del informe demográfico de 2018 sobre demografía, que indicaba que «las administraciones públicas deben asumir con prontitud el compromiso de facilitar a los habitantes de las zonas con escasa población los servicios básicos que les garanticen el ejercicio de toda una serie de derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan los residentes de las grandes concentraciones urbanas».

En segundo lugar, Tomás Guitarte ha interpelado a Gabilondo sobre el despliegue de energías renovables «que se ha llevado a cabo en España con la duda fundada sobre el no cumplimiento del requisito normativo de una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica, como indican la Directiva Europea 2001/42/CE y la Ley 9/2006,de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente». Esta situación fue trasladada por el Movimiento ciudadano Teruel Existe al Defensor del Pueblo, que «se ha lavado las manos con este asunto», atendiendo a la respuesta recibida en febrero de este año, en la que se limitaba a indicar que «las administraciones públicas estatal y autonómica están tramitando aún los procedimientos de evaluación, por lo que no se ha adoptado una decisión definitiva sobre su implantación».

Guitarte ha recordado que el Movimiento ciudadano Teruel Existe también denunció esta situación ante el Justicia de Aragón, junto a «la flagrante ilegalidad en la tramitación de los proyectos de parques de renovables que no respetaban la normativa aragonesa de ordenación del territorio, ni las directivas europeas sobre medio ambiente, aplicando prácticas como el fraccionamiento de proyectos para sortear las evaluaciones ambientales más exigentes como las del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dividiéndolos en proyectos cuya dimensión se llevaban de manera artificial a los 49 MW».

Guitarte ha incidido desde la tribuna de oradores en que «el Estudio de Evaluación Ambiental del PNIEC de 20 de enero de 2020 no puede calificarse como un documento de evaluación ambiental estratégica sobre el desarrollo o despliegue de energías renovables», argumentando que su objeto es mucho más general que el aludido plan de renovables y que todas las consideraciones sobre los impactos de las energías renovables son genéricas, sin una referencia a la implantación concreta en el territorio. Ha detallado que el estudio «dedica su mayor parte a valorar los efectos positivos de la contribución de este tipo de energía a la lucha contra el cambio climático, lo que sin duda es cierto, pero sintetiza con una explicación mínima los impactos más severos sobre la biodiversidad, los espacios protegidos y los paisajes, aludiendo además a recomendaciones que no se cumplen en los planes, y para las que no se han arbitrado medidas garantistas». En conclusión, defienden que «la evaluación ambiental estratégica del PNIEC no es la que correspondería haber realizado al despliegue de renovables, observación que debería haber formulado el Defensor del Pueblo».