Las Cortes de Aragón al fin crean una comisión sobre la Helitransportada

La investigación en el parlamento llega con retraso. Los familiares lo pidieron hace dos años y se aprobó en 2017

Las Cortes de Aragón al fin constituirán este lunes una comisión de investigación para «para esclarecer y depurar responsabilidades» acerca del accidente de la brigada Helitransportada de Alcorisa de 2011. Una comisión que llega con mucho retraso: dos años después de que lo reclamaran las familias una vez se agotó la vía judicial y un año desde su aprobación por unanimidad en el parlamento.

El caso permanece cerrado definitivamente desde 2016 pese a la intensa lucha de los familiares después de que se conociese un informe que revelaba que existió una negligencia relacionada con un fallo mecánico. La caída del helicóptero Bell 407 costó la vida de seis personas y dejó gravemente herida a otra.

Más allá de responsabilidades políticas, si en la labor de investigación de esta comisión aparecen nuevas pruebas susceptibles de ser presentadas, se podrían pedir la reapertura del caso, que prescribe a los diez años.
La comisión de investigación nace con el objetivo de «estudiar, analizar y depurar responsabilidades políticas y extraer el conocimiento de las causas que lo provocaron para que se corrijan en el sistema de la aviación española». La actividad programada para el lunes en la sala «Gimenez Abad» del Palacio de la Aljafería consiste en, tras constituir la comisión, escoger a su presidente y comenzar a elaborar un plan de trabajo.

Formarán parte del grupo un diputado de cada partido: Fernando González, PP; Herminio Sancho, PSOE; Marta Prades, Podemos; Berta Zapater, PAR; Ramiro Dominguez, Ciudadanos; y Carmen Martínez, grupo mixto.

Fue en septiembre de 2017 cuando el pleno de las Cortes aprobó por unanimidad la creación de una comisión. La iniciativa fue promovida por Podemos, Ciudadanos y el grupo mixto tal y como solicitaron las familias un año antes. Reclamaron así un órgano que, una vez agotada la vía judicial, sirviera para depurar responsabilidades ya que la investigación se cerró a pesar de que un informe refleja que hubo negligencia.

En los últimos seis años, el caso se ha cerrado en dos ocasiones. La primera de ellas, en otoño de 2013 y la segunda, a finales de 2015. No obstante, el cierre definitivo se constató en abril de 2016 cuando el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo de algunas familias.

Se presentó por considerar que el sobreseimiento vulneraba varios derechos de las familias. Argumentaron, entre otras cosas, que al cerrarlo se les dejó sin posibilidad de alegar. Lo más grave es que desde 2014 existe un informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que recoge una negligencia vinculada al fallo de una pieza que provocó la caída.

El sobreseimiento impidió que se siguiera buscando esclarecer la responsabilidad de Bell Helicopter, Textron e Inaer respecto del incumplimiento del boletín de normativa interna que obligaba a revisar el anclaje de la pieza del aparato cuyo desajuste provocó la tragedia.