El PP pide a Bruselas investigar qué papel tuvo «la cúpula» de Ribera en la trama de las renovables en Aragón

El PP ha elevado a la Comisión Europea tres preguntas parlamentarias para indagar en la presunta "trama de corrupción relacionada con la autorización de proyectos de energías renovables" durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El Grupo Popular Europeo (GPE) quiere que se sepa cuál fue el papel de la que es hoy vicepresidenta europea y también de altos cargos de su "cúpula" en el departamento ministerial.

En concreto, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, junto a los eurodiputados Elena Nevado y el aragonés Borja Giménez, han registrado las preguntas donde reclaman que Bruselas investigue "posibles vulneraciones del Derecho de la Unión en la concesión de autorizaciones ambientales" y "el posible trato de favor a determinadas empresas del sector energético" tanto en Extremadura como en Aragón.

El PP defiende que la acumulación de investigaciones judiciales y detenciones relacionadas con decisiones adoptadas durante la etapa de Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica "genera serias dudas sobre la gestión realizada entonces y sobre las garantías de que se respetaron plenamente las normas europeas". Al detalle, en su primera pregunta, los populares solicitan a la Comisión Europea que pida explicaciones a la actual comisaria Teresa Ribera sobre su gestión durante ese periodo y sobre las medidas adoptadas para asegurar el respeto del Derecho de la Unión.

La segunda pregunta atañe a la región extremeña: los populares reclaman a la Comisión que investigue la posible vulneración de la normativa medioambiental europea en la autorización de una planta fotovoltaica en una zona protegida de la Red Natura 2000 en Alcántara (Cáceres), que además habría recibido financiación europea a través de fondos Feder.

Y, en tercer lugar, se pregunta por Eugenio Domínguez. Tras la detención el pasado martes del quen fuera exsubdirector general de Evaluación Ambiental del departamento que comandaba Teresa Ribera, investigado por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en relación con la autorización de proyectos energéticos, especialmente en Teruel (Aragón), concretamente en el Geoparque del Maestrazgo, se quiere saber qué rol desempeñaba. Según las informaciones publicadas, este responsable habría centralizado la tramitación de evaluaciones ambientales de determinados proyectos empresariales de Forestalia, lo que habría facilitado su aprobación. En el marco de la investigación judicial se acusa a Domínguez de haberse presuntamente "cobrado sus favores con participaciones en empresas del grupo", una red de cientos de pequeñas sociedades según los agentes de la Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, dentro del Seprona)".

Operación Persete

Cabe recordar que el pasado martes 3 de marzo la Guardia Civil desplegó la llamada Operación Persete, por la que tanto el dueño de Forestalia, Fernando Samper, Eugenio Domínguez y otros cuatro directivos en Zaragoza y Madrid fueron detenidos. Samper quedó en libertad al cabo de diez horas tras prestar declaración al juez instructor -el de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo- a la espera de citación judicial. Hoy mismo viernes 6 de marzo Samper ha decidido personarse en la causa como investigado tras efectuarse el registro en las sedes de su empresa en Zaragoza y Madrid y en su domicilio personal zaragozano.

En paralelo, las reacciones políticas a los avances judiciales en el caso no se han detenido en el PP. Chunta Aragonesista ha anunciado que pedirá en el Congreso de los Diputados la suspensión de todos los proyectos de renovables de la empresa Forestalia en los que participó el exsubdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez. Hoy mismo en Alcañiz Tomás Guitarte, diputado autonómico de Teruel Existe, ha solicitado paralizar todos los proyectos de Forestalia a la espera de que se resuelvan las causas judiciales pendientes.

"Estamos aún empezando y se trata de sumarios que tendrán miles de folios", declara a este medio Ernesto Romeo, portavoz de Energía y Medio Ambiente del movimiento ciudadano Teruel Existe, por cuanto el juez instructor en Teruel tiene ahora mismo dos denuncias (de 2023 y 2024) y acaba de solicitar a las partes su opinión sobre si debe inhibirse en favor de un tribunal en Zaragoza o Madrid por el ámbito competencial de la causa. El juez Cortés Hidalgo levantó ayer jueves el secreto de actuaciones sobre la pieza principal de la causa (la que remite a las diligencias previas de 2024 y que ha subsumido denuncias anteriores), mientras sigue bajo secreto la pieza separada que se abrió paralelamente en el transcurso del proceso judicial y que atañe a medidas tecnológicas más procedimentales. Estas diligencias se originan a raíz de la denuncia en la que figuran como partes la asociación de Apoyo a Teruel Existe, también Vox, amén del Ministerio fiscal y se interpone "por presuntas irregularidades en la adjudicación de las plantas fotovoltaicas" en el Clúster del Maestrazgo.

Un informe de la Ucoma recién incorporado a la causa sugiere al juez que adopte de medidas cautelares en el Geoparque del Maestrazgo porque el inicio de la construcción de las plantas previstas podría causar daños irreversibles. Estas medidas conciernen por lo pronto a las plantas fotovoltaicas (un espacio que no está protegido dentro de la Red Natura y que abarca solamente unas cien hectáreas en la localidad de Puertomingalvo, en el Mas de Cebrián concretamente), a la espera de incorporar un informe pericial realizado también por los agentes de la Ucoma sobre el conjunto de los 20 parques eólicos planificados en el Clúster del Maestrazgo.

Desde Teruel Existe y Paisajes de Teruel, tanto Romeo como Javier Oquendo, portavoz de la asociación que denuncia la situación del Maestrazgo, no dudan de que si el juez decide poner en parálisis el proyecto sobre el Mas de Cebrián lo hará posteriormente también sobre el resto del macroproyecto eólico. El primer informe de la Ucoma se entregó al juez Cortés Hidalgo el pasado miércoles y, como decimos, se está a la espera del segundo pericial.

Sobornos a través de 21 sociedades en el Maestrazgo

Según ha trascendido, en la información que ya facilitó con anterioridad la Ucoma de la Guardia Civil se indicaba que los presuntos delincuentes utilizaban varias sociedades interpuestas para el supuesto pago de sobornos a Domínguez, además de haber hecho uso de un notario para formalizar esa documentación. El notario también fue arrestado el 3 de marzo. Ese entramado supone 21 sociedades en el conjunto del Maestrazgo, que habrían formalizado las expropiaciones de terrenos y negociado con los ayuntamientos para ubicar los aerogeneradores y placas. Y sumaría hasta 800 empresas distintas si se contabilizan las sociedades limitadas a bajo precio (3.000 euros) creadas 'ex profeso' para la concesión de renovables en la comunidad autónoma de Aragón.

Cabe recordar que el territorio de operaciones de Forestalia no se limita a Aragón, sino que hay proyectos en Extremadura, Navarra o País Vasco bajo sospecha. Pero en esta comunidad la novel de la energía renovable en España se hizo durante años con la mitad de las concesiones y proyectos de energía renovable autorizados. Las resoluciones medioambientales encontraban pronto la luz verde en el Miteco de Teresa Ribera, aunque se presentaran un año después de otras empresas (como ocurrió en el Matarraña, frente a Capital Energy, relata Romeo). Es decir, el alto cargo de Ribera negó a otras empresas la licencia que sí concedió en términos de celeridad a Forestalia. Además, en este caso, la empresa rival recibió una declaración de impacto negativo que se demoró dos años respecto a la declaración de impacto positiva que recibió la empresa de Fernando Samper, un "indicio" más que suficiente para sospechar de las adjudicaciones no solo en el Matarraña y el Maestrazgo, también en la sierra de Albarracín, "en todas nuestras sierras y paisaje protegido", dice Romeo, que se otorgaron todas a Forestalia.

Frente a ello, las declaraciones vinculantes de las comunidades autónomas colindantes (Comunidad Valenciana, Cataluña o Navarra, por ejemplo, en el conjunto de los proyectdos) fueron negativas por el impacto ecológico que tendrían esas instalaciones; lo que chocó con el visto bueno del Consejo de Ministros a la petición registrada directamente por el Miteco sobre el Clúster del Maestrazgo. El choque competencial en este caso también se investiga. ¿Por qué el Miteco lo llevó directamente al Consejo de Ministros pese a haber recibido informes negativos de la Comunidad Valenciana y Moncloa autorizó construir el mayor proyecto eólico del país el 23 de julio de 2024 sin unanimidad?

Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias poiliciales en un caso que la Guardia Civil centraliza en Madrid.

Desde el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), adjudicatario de la construcción del clúster, descartan hacer declaraciones sobre el tema, aunque Javier Oquendo, portavoz de la plataforma en defensa del paisaje de Teruel (quien espera su incorporación a la causa por decisión del juez), confía en que si en dos o tres años no hay una resolución sobre el parque, "los daneses se cansen de esperar y decidan paralizarlo por su cuenta", ante la imposibilidad de poder llevarlo a término a corto y medio plazo.