El PP de Teruel ha comparecido este lunes para pedir explicaciones sobre la implicación de contratos en carreteras de la provincia, concretamente en la zona de Calamocha en el informe de la UCO que investiga una trama de comisiones ilegales que salpica al PSOE. Joaquín Juste, presidente del Partido Popular de Teruel y Emma Buj, senadora, han pedido en rueda de prensa conocer los detalles que vinculan a Teruel con esta trama de corrupción.
Ambos políticos han denunciado que la provincia de Teruel "se encuentra sumergida en una investigación por presunta corrupción relacionada con las adjudicaciones de conservación de carreteras en todo el territorio turolense por un valor de 5,7 millones de euros". Por ello, Joaquín Juste reclama que «se trata de un hecho de máxima gravedad, otra vez, volvemos a estar en el punto de mira por un capítulo del Partido Socialista. Los turolenses queremos saber ¿Por qué aparece Teruel en los papeles de la UCO? ¿Qué tipos de contratos o relaciones están investigando? Y sobretodo, ¿Quién han estado implicados?»
Además, los populares han pedido conocer si hay más socialistas aragoneses implicados en la trama. Por el momento, en los audios que han trascendido se habla de "Alfonso" y durante el fin de semana han sido suspendidos temporalmente de militancia Alfonso Gómez, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre el 2015 y 2019 y Alfonso Martínez. Aun así, los populares consideran que todavía no es suficiente. «Esto no es cuestión de suspender de la militancia. Los aragonés queremos respuestas de que es lo que está pasando y si las tramas nacionales pasaron también en las autonomías.» expresa Buj, que también ha cuestionado "si Pilar Alegría va a seguir callando".
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Por supuesto que tienen, o tenemos, derecho a saber qué está pasando con este asunto, pero, siempre hay un pero, todavía se esta esperando que ese partido explicara lo de M. Rajoy. Ya vale eso de pedir solo explicaciones cuando afecta a otros y no darlas cuando afecta a uno mismo.
En total, considerando solo los cargos electos, se puede estimar una cifra cercana a 1.786 personas con fuero especial, según Demócrata. Sin embargo, este número no incluye a todos los políticos y cargos relacionados con la administración pública y los partidos políticos. El número total de personas involucradas en la política española es mucho mayor.
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